La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha señalado que probablemente «puede haber fabricación» de baterías en otras zonas de España además de en Cataluña, tras el anuncio de que la primera fábrica de baterías en España se ubicará cerca de las instalaciones de Seat en Martorell (Barcelona).
«Yo no descarto que haya parte de la fabricación que esté cerca de Martorell (Barcelona), hay ya fabricación en Valencia, y probablemente puede haber fabricación en otros territorios», ha dicho en una entrevista en ‘El Periódico’ este lunes recogida por Europa Press.
Ribera ha rechazado abordar estos proyectos «en términos de exclusión o de lucha de territorios», y ha defendido analizar qué puede aportar cada zona ante la necesidad de almacenamiento y el interés que despierta este sector en los territorios y las empresas, en sus palabras.
Sobre el litio para fabricar las baterías, ha destacado que España «tiene unas vetas de litio importantes en la frontera con Portugal» y que habrá que analizar las condiciones de gestión sostenible de la minería y de la extracción.
Por otro lado, ha asegurado que el incentivo al vehículo eléctrico a través de la fiscalidad «es una tarea que tutela Hacienda», que trabaja en una visión de conjunto sobre el sector, lo que ve una pieza importante para acelerar la movilidad.
Sobre el plan de recuperación, ha explicado que el Gobierno ha trabajado en primer lugar en medidas «replicables en la pequeña escala», que tienen incidencia en el empleo local, traerán beneficios para los vecinos de municipios pequeños y se vehicularán por distintas vías (subvenciones, contratación pública y consorcios, entre otras).
Así, el primer paquete incluye proyectos de techos solares en zonas de servicio y polígonos industriales; cargadores en zonas urbanas y rehabilitación energética –con una dotación de 1.000 millones de euros–; y actuaciones en depuración y saneamiento en núcleos de menos de 5.000 habitantes y en economía circular –por 580 millones de euros–.
«E inmediatamente después tendremos el Moves III, que moviliza y mantiene abierta una convocatoria de 400 millones de euros ampliable por otros 400 millones de euros más» para incentivar la compra del vehículo eléctrico, ha añadido.
Con la nueva regulación de la factura de la luz –ha detallado Ribera– el Gobierno ha buscado que el consumo variable tenga mayor peso en lo que paga el consumidor, reduciendo el impacto de los costes fijos en la factura: «Pero no hay una tarifa única, hay libertad de establecimiento de tarifas».
Sobre la OPA de IPFM sobre Naturgy, ha afirmado que el Gobierno lo estudia teniendo en cuenta que el sector energético español es sistémico para el conjunto de la economía y «está viviendo un proceso de reconversión industrial», ante lo que ha llamado a prevenir comportamientos especulativos.
«Por lo tanto, atenderemos a las razones de seguridad de suministro y del sector, atenderemos a las razones concretas del perfil industrial y empresarial de Naturgy y a las propuestas y el entendimiento de los interesados en participar en una empresa que está cotizada en un marco de libre mercado, con las limitaciones, las prohibiciones y las señales que marca la ley que incluyen el poder introducir prohibiciones en caso de que se considere necesario introducir condiciones o, incluso, limitar o prohibir el acceso a un inversor», ha dicho.
Ribera también ha explicado que este martes presentará ante la Comisión Delegada del Gobierno para el Reto Demográfico las medidas para hacer frente a la despoblación en las zonas interiores de España.
El paquete de propuestas incluye mejoras de la conectividad, aprovechar la digitalización para el acceso a servicios y «servicios ambientales y de la custodia del territorio, además de políticas activas muy concretas en acceso a vivienda, movilidad, acceso a formas de energía modernas».
«Hay ideas muy novedosas y muy interesantes. Las hemos agrupado en 10 grandes ejes, calendarizados con respecto a las prioridades del Plan de Recuperación», ha destacado Ribera.
Además, ha sostenido que la ley para afrontar el cambio climático que previsiblemente aprobará el Congreso en las próximas semanas es una de las más ambiciosas de Europa, pese a las críticas de grupos ecologistas: «Nuestros objetivos para 2030 en eficiencia energética, renovables y reducción de emisiones de los sectores difusos están muy por encima de las obligaciones que planteaba la Comisión para España».
Ha mantenido que obligar a España a reducir un 55% sus emisiones respecto a las registradas en 1990 supondría, en realidad, tener que reducirlas en un 75%, porque la situación del país «en esa fecha no tenía nada que ver con la de Alemania, Francia o Reino Unido».
«Una reducción del 75% obligaría a limitar la utilización del coche durante varios meses al año de forma parecida a lo que ha ocurrido durante la pandemia o a replantear muy significativamente las emisiones asociadas a las plantas industriales», frente lo que el Gobierno apuesta por aprobar ahora esta ley y revisar al alza los objetivos en 2023.
