El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha reivindicado este martes la independencia y el papel de los empresarios españoles y ha criticado el trato «injusto» que están recibiendo tras descolgarse del incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), aprobado este martes en el Consejo de Ministros.
Sobre esto, ha incidido en que los empresarios nunca se han levantado de la mesa y ha lamentado que «cuando llegas a acuerdos porque crees que es bueno te llamen héroe y cuando consideras, con lealtad institucional, que no es bueno otro acuerdo, inmediatamente te llamen villano».
Así se ha pronunciado este martes durante su participación en un encuentro organizado por el Grupo Joly en Málaga capital, ciudad en la que el pasado domingo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se dirigía a la patronal para pedirles «coherencia» y «responsabilidad».
Garamendi ha defendido su visión de Estado y la lealtad institucional que la CEOE está llevando a cabo y que es «la base de la democracia», «aunque se diga lo contrario». «Los empresarios somos los artífices de que el Estado de Bienestar funcione», ha dicho, recalcando que el empresariado trabaja «siempre en positivo» y es el que genera riqueza y empleo en un país; «y no vamos a renunciar nunca a ello aunque se diga que estamos en contra».
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la subida del SMI un 8% hasta situarlo en 1.080 euros, un incremento que el Gobierno ha alcanzado con los sindicatos pero sin la CEOE, que apostaba por un 4% de subida. Al respecto, ha señalado que ese pacto «no es diálogo social, es una responsabilidad del Gobierno, previa consulta con los agentes sociales», y aquí, ha incidido, «los empresarios nunca nos hemos levantado de la mesa».
«Lo que sí ha pasado –ha añadido– es que el Gobierno se ha saltado acuerdos que firmamos y que luego han cambiado, entonces es como ‘me siento pero hago lo que quiero'», ha lamentado Garamendi, quien ha criticado que, entre otras cosas, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, «se ha saltado el artículo 51 que firmamos en la reforma laboral»; lo que ha provocado una pérdida de confianza, ha dicho.
Con esa declaración, el presidente de la patronal se refería a la enmienda transaccional presentada a la Ley de Empleo, que permite que en caso de despido colectivo, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se pronuncie sobre la concurrencia de las causas especificadas por la empresa en la comunicación inicial del Expediente de Regulación de Empleo (ERE). La enmienda supone una modificación del artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores relativo al despido colectivo.
Este cambio hizo que la patronal rompiera el diálogo con el Ministerio de Trabajo, que quedo «invalidado como interlocutor fiable» para la CEOE.
Garamendi también ha señalado que el día anterior a la reunión del SMI, a las diez de la noche, no sabían la propuesta que el Gobierno iba a poner sobre la mesa.
El presidente de los empresarios ha explicado que la CEOE mandó al Gobierno una propuesta de subida del salario mínimo del 4% en la que le planteaba, además, dos asuntos clave: la situación del sector del campo, con unos gastos disparados, y con los contratos públicos, puesto que el SMI ha subido un 45% en tres años mientras éstos se han mantenido paralizados.
Y es que, a su juicio, el pacto de rentas no puede ser algo para hablar de aquí a diciembre, «no es un pacto para seis meses» –cuando se celebran las elecciones generales–, «es un tema de mucho más recorrido donde lo lógico es que los partidos llamados a gobernar este país estén sentados en la mesa», aprobando la presencia del PP «y más partidos que den estabilidad al país».
Durante su intervención en el foro, el presidente de la CEOE ha defendido labor de la patronal durante la crisis de 2008 y la pandemia, y ha marcado como retos para España la digitalización, la economía circular y la inversión en innovación, con el foco puesto en la importancia de la Formación Dual.
Asimismo, ha reconocido que lo que más le preocupa actualmente es «la estabilidad política y social». En este sentido, ha dicho que «todas las políticas que vayan en sentido de radicalizar la sociedad no son buenas».
«Defendemos la Constitución del 78 y vamos a seguir trabajando en esa línea, y para eso queremos diálogo, seguridad jurídica, estabilidad y calidad en la norma», ha apuntado, añadiendo que no cree «que la mejor manera sea como se está haciendo ahora».
