El Gobierno ha extendido hasta el 31 de diciembre de este año la moratoria concursal, según se recoge en el real decreto-ley de medidas extraordinarias para garantizar la solvencia empresarial aprobado este viernes por el Consejo de Ministros, que contempla un nuevo paquete de ayudas de 11.000 millones de euros.
El decreto amplía un mes, hasta abril de este año, el periodo para poder retrasar el pago de deudas tributarias sin intereses de demora. De esta forma, se extiende el derecho que ya tenían las empresas para el aplazamiento de las liquidaciones tributarias en el primer trimestre del año, incluyendo ahora también al mes de abril.
La extensión hasta diciembre de la moratoria concursal, según indicó la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, al término de la reunión del Consejo de Ministros, responde a la necesidad de que las empresas viables en condiciones normales de mercado cuenten con instrumentos legales que les permitan mantener su actividad y el empleo.
De forma específica, se extienden las moratorias relativas a la exención del deber del deudor de solicitar la declaración de concurso y la no admisión a trámite de las solicitudes de concurso que presenten los acreedores; se amplía el plazo para renegociar, tanto los acuerdos de refinanciación y acuerdos extrajudiciales de pago (ambos son instrumentos previos al concurso), como los propios convenios concursales; y se amplían hasta el 31 de diciembre de 2021 las medidas procesales que agilizan los procesos, como la tramitación preferente y el fomento de la subasta extrajudicial.
Según Economía, esta extensión proporcionará un periodo para abordar los procesos de análisis y reestructuración de las empresas sin desencadenar una «innecesaria pérdida de valor», en tanto se moderniza y agiliza el régimen concursal, favoreciendo la «acción temprana» y los acuerdos de reestructuración de las deudas, con el fin de evitar la destrucción de empleo y de tejido productivo.
Adicionalmente y con el objetivo de reforzar la solvencia de las empresas, se amplían también los plazos de ejecución de proyectos financiados por la Secretaría General de Industria y de la Pyme y de los préstamos concedidos por Emprendetur a empresas del sector turístico.
Igualmente, la norma regula la posibilidad de que las sociedades anónimas que no hayan podido modificar sus estatutos puedan seguir celebrando la junta general o asamblea de socios por medios telemáticos durante el ejercicio 2021, siempre que se garantice la identidad del accionista que ejerce su derecho de voto y se ofrezca la posibilidad de participar en la reunión por distintas vías.
Finalmente, se establecen los mecanismos necesarios para que la Comisión Nacional del Mercado de Valores pueda regular la publicidad de criptoactivos u otros activos o instrumentos presentados como activos de inversión, que en la actualidad se encuentran fuera del perímetro de la regulación financiera.
