Más de 300.000 empresas españolas mantienen un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y en torno a 450.000 pymes precisan de más financiación para no colapsar, de las que unas 130.000 estarían a las puertas de presentar concurso de acreedores si no reciben antes ayudas.
Así se desprende del barómetro realizado en los primeros días de marzo por el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos entre sus 6.000 colegiados, que pide al Gobierno que no demore más aprobar las medidas para salvar a los negocios del «abismo».
El barómetro refleja que aún permanecen en ERTE más de 300.000 empresas, de las que 113.000 cuentan con un aval del ICO, frente a las 225.000 pymes que han formalizado operaciones avaladas por la línea ICO Covid-19 y que en este momento no se encuentra en ERTE.
De acuerdo con los datos facilitados por los gestores administrativos, al menos el 60% de las operaciones formalizadas por las pymes que actualmente están en ERTE deberán acogerse a la ampliación de plazos aprobados por el Gobierno.
En cuanto a los préstamos avalados por ICO para las pymes que no están actualmente en ERTE, van a solicitar ampliación de plazos el 50% de las empresas, según el análisis, que también revela que todas las empresas que siguen en ERTE necesitan más financiación para sobrevivir.
Concretamente, de las pymes que cuentan con alguna operación ICO y no están en ERTE, 124.000 precisan nueva financiación para sobrevivir, al tiempo que de las pymes que no han solicitado aún operaciones avaladas por ICO o que no se lo concedieron, 214.000 precisan ya acceder a financiación para asegurar su futuro.
Tal y como reflejó el barómetro de noviembre, el 6% de las pymes no están pudiendo en la actualidad atender sus compromisos de pago. Además, en torno a 130.000 pymes estarían esperando a presentar concurso de acreedores de no existir la moratoria concursal.
«Esperemos no llegar a esta situación», afirma el presidente de los Gestores Administrativos, Fernando Santiago, que explica que esta «sorprendente» cifra va a responder tanto a concursos como a desapariciones directas y subraya que «las empresas están esperando una decisión que les permita sobrevivir y por eso aguantan más de lo que pueden».
«Los empresarios y autónomos no quieren que sus negocios desaparezcan, pero no es de recibo mantener esta incertidumbre tanto tiempo, el Gobierno ha de tomar medidas, directas, ya», apostilla
Santiago.
El Barómetro revela que más de 200.000 empresas están pensando en reclamar al Estado indemnizaciones por el estado de alarma y más de 150.000 negocios reclamarán a sus seguros.
Para el presidente de los Gestores Administrativos «es cuestión de días que, con la publicidad necesaria, muchas empresas se adhieran a demandas colectivas o presenten la misma de forma individual. Por ello, considera que el Gobierno «debería ser ágil para responder con ayudas directas y evitar que el sistema judicial se colapse también por estas demandas».
Preguntados sobre las medidas que debería tomar el Gobierno para aliviar los problemas de las pymes, el 56% de los gestores administrativos aboga por las ayudas directas, el 52% creen que se deben rebajar los seguros sociales y el 50% entiende que se debe facilitar el pago de los impuestos, con más plazo, mayor importe para aplazamientos y eliminación del tipo de interés.
Prorrogar los ICO, habilitar nuevas líneas de financiación y mejorar las ayudas en los ERTE son otras de las medidas solicitadas por los gestores administrativos.
En cuanto a qué empresas deben considerarse viables, en el caso de que esta sea la frontera entre ser rescatada o no por el Estado, el 55% de los gestores administrativos afirma que no será fácil definir quien es o no viable.
Así, un 39% cree que deben ser consideradas viables aquellas que lo eran antes de comenzar la pandemia y un 32% de los gestores administrativos piensa que serán viables aquellas que cuenten con un reducido endeudamiento.
Para Santiago, «el Ejecutivo tiene mucho trabajo y poco tiempo», por lo que le pide «que no demore más las medidas que permitan salvar los negocios y actúe con ayudas directas». «No enmascaren el problema, resuélvanlo. No se olviden que no solo salvamos negocios, si no que salvamos familias», ha enfatizado.
