El comisario jubilado José Manuel Villarejo acudirá este jueves de forma presencial a la Audiencia Nacional, donde le ha citado el juez instructor Manuel García Castellón para interrogarle como investigado en dos piezas separadas del caso ‘Tándem’. La citación tendrá lugar justo un día después de que el magistrado acordara dejarle en libertad provisional.
Será la primera vez que Villarejo acuda a la Audiencia Nacional por su propio pie, desde que se inició la investigación de la macrocausa que se desarrolla entorno a las presuntas irregularidades en su actividad profesional, y por la que fue detenido el 3 de noviembre de 2017. Fue entonces cuando ingresó en prisión provisional, en la que ha permanecido tres años y cuatro meses.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 tenía previsto tomar declaración a Villarejo en el marco de la pieza número 29, en la que se investiga el presunto encargo de espiar al empresario Joaquín Molpeceres en relación a un concurso de acreedor, después de haber escuchado a otros investigados.
Precisamente este martes declararon ante el juez el abogado Antonio Chávarri y su socio de despacho Juan Vila-Coro, quienes realizaron el encargo, y este miércoles lo ha hecho el que fuera socio de Villarejo en su empresa Grupo Cenyt, Rafael Redondo. Este último, además, también ha comparecido en calidad de investigado en la pieza separada número 26, relacionada con un presunto espionaje a la extinta empresa Segur Ibérica, por la que también será preguntado el comisario jubilado.
La salida de prisión de Villarejo ha sido este miércoles por la tarde, horas después de que el juez instructor Manuel García Castellón acordara su libertad a petición de la Fiscalía Anticorrupción.
Para evitar su fuga, el magistrado le ha impuesto medidas cautelares que consisten en comparecencias diarias ante el juzgado correspondiente a su domicilio (Boadilla del Monte, en Madrid), la retirada del pasaporte con requerimiento expreso de prohibición de obtener uno nuevo, la prohibición de salida del territorio nacional y la obligación de comunicar al Juzgado Central de Instrucción número 6 cualquier cambio de domicilio o residencia.
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la libertad del comisario jubilado al entender que la medida de prisión provisional ya no resulta «materialmente idónea para garantizar la sujeción del investigado al procedimiento», ya que se puede convertir en una «pena anticipada» y comprometer el derecho a la presunción de inocencia.
En el escrito presentado ante el juez de la Audiencia Nacional, los fiscales aseguran que aún persiste el riesgo de fuga y la posibilidad de reiteración delictiva que justificó que entrara en la cárcel, si bien entiendeN que la medida ya no es la adecuada porque no parece que la instrucción del caso vaya a llegar a su fin en fechas próximas, ni que se vaya a celebrar un juicio contra él antes de noviembre, cuando cumple los cuatro años máximos establecido por ley para estar en la cárcel sin una sentencia condenatoria.
Esta petición de excarcelar al expolicía llega justo un día después de que la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazara su recurso contra la decisión que adoptó el pasado 10 de febrero de ponerle en libertad sólo con respecto a las tres primeras piezas de la macrocausa que se juzgarán en un único juicio el próximo mes de diciembre –‘Pintor’, ‘Iron’ y ‘Land’– y para las que Fiscalía pide 100 años de cárcel.
En cuanto a la declaración que prestará mañana ante el juez García Castellón, en un principio estaba previsto que fuera por videoconferencia desde el centro penitenciario, al igual que lo ha hecho en las últimas ocasiones, pero dada a su excarcelación tendrá que acudir presencialmente.
Parte de ella se centrará en el supuesto espionaje encargado por los abogados Chavarri y Vila-Coro. Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, Chávarri confirmó al magistrado que se decidió a contratar a la empresa de Villarejo al detectar un cambio raro en el administrador de un concurso, el ya fallecido Luis Pérez Gil.
No obstante, explicó que tuvo la sensación de que el comisario no hacía nada, y que tras tres reuniones no sacó nada en claro y no recibió información alguna, por lo que, al ver además que su problema se solucionaba, decidió prescindir de sus servicios.
Además, reconoció pagos a las empresas del comisario, en concreto ha afirmado que abonó 300.000 euros, si bien no le pagó la prima de éxito –apunte habitual en los presupuestos que realizaba Villarejo– que estaba fijada en 125.000 euros.
En el auto de imputación de ambos abogados de 23 de noviembre de 2020 se detallaba que en esta pieza se investigan los proyectos ‘Grass’ y ‘Hacha’ del entramado empresarial y profesional creado por Villarejo en torno al Grupo Cenyt.
Los servicios de Villarejo, según auto, fueron contratados en octubre de 2012, y se desarrollaron y abonaron a los largo tanto de ese año como de 2013 por lo que en esas fechas el comisario aun estaba en activo en el Cuerpo Nacional de Policía destinado en comisión de servicio en la Dirección Adjunta Operativa (DAO). Por ello se le investiga por los presuntos delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos.
El objetivo del encargo era salvaguardar los intereses de ‘K’ –así denominaba el comisario a su cliente– y todo arranca con la separación del abogado Antonio Chávarri de su esposa Sonia Molpeceres, hija del empresario Joaquín Molpeceres.
Con la ruptura matrimonial se inicia un «conflicto» entre Chávarri y Molpeceres, que compartían negocios inmobiliarios. El abogado, en un momento dado, entra en situación de insolvencia por años de malas inversiones en negocios inmobiliarios poco fructíferos y acaba presentando un concurso de acreedores, siendo uno de los principales acreedores su exsuegro.
En esa ecuación es en la que entra Villarejo. Chávarri teme que el concurso derive en su inhabilitación o que su patrimonio y el de sus hijas pueda verse afectado por una supuesta alianza de Molpeceres y el administrador del concurso, el ya fallecido Luis Pérez Gil.
De los registros en el domicilio del socio de Villarejo, Rafael Redondo, y de la documentación intervenida en la oficina de Cenyt en Torre Picasso, se tiene constancia de un segundo proyecto, denominado ‘Hacha’, que data de 2014, y cuyo cliente también es ese despacho de abogados.
En este caso, el encargo se hace debido a los diversos problemas internos surgidos con los otros dos socios minoritarios de la citada mercantil, Santiago Muñoz Martín y Juan Vila-Coro. A pesar de que Antonio Chávarri es el presidente y propietario del despacho con el 70 por ciento de las participaciones los otros dos «le habrían despojado tanto de sus derechos políticos, como de la gestión de la citada sociedad».
