El Código Penal califica las actividades vinculadas al tráfico de drogas como delitos contra la salud pública. Esto se debe a que estas acciones pueden afectar tanto al bienestar general como a la salud de la comunidad. De esta manera, las personas que cultiven, elaboren, trafiquen, promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de sustancias tóxicas pueden ser castigadas con penas de prisión y multas.
Según el bufete de abogados penalistas Sanz Cabrejas, la ley diferencia entre las que comúnmente se conocen como drogas blandas, o sea el cannabis y sus derivados, y las drogas duras como los opiáceos, la heroína, la cocaína y los compuestos sintéticos. Mientras las acciones vinculadas a las primeras reciben penas leves, los castigos se endurecen cuando la sustancia en cuestión se encuentra dentro del segundo grupo.
La ley asigna penas de entre 1 y 3 años de prisión para los delitos vinculados a las drogas blandas, que pueden ser incluso más leves en función de la cantidad incautada y la situación personal del culpable. A su vez, cuando se trata de drogas duras, las penas atribuidas por las leyes van desde los 3 a los 6 años de cárcel. Al igual que en el caso anterior, cuando las cantidades son mínimas y las circunstancias del infractor lo ameritan, el tiempo de reclusión se reduce a un lapso de entre un año y medio y 3 años.
Ahora bien, tanto en casos de drogas blandas como duras las penas pueden verse seriamente agravadas por varias circunstancias. Esto sucede cuando, por ejemplo, los hechos son cometidos por bandas organizadas, la droga incautada es de un volumen considerable o se distribuye en centros escolares, militares o penitenciarios.
En el mismo sentido, las penas pueden ser considerablemente mayores cuando los estupefacientes han sido vendidos a menores, o se utiliza a menores para venderlos. En cualquiera de estos casos, los tiempos de reclusión se aumentan y pasan a ser de entre 6 y 9 años para delitos vinculados a drogas duras y de entre 3 y 4 años y medio para drogas blandas.
Las personas acusadas de delitos contra la salud pública o sus familiares pueden acudir a los servicios de este bufete para afrontar procedimientos legales de este tipo. Sanz Cabrejas ofrece la posibilidad de que cada persona acuda al despacho para contar su caso y obtener tanto una valoración como un presupuesto para la defensa sin ningún tipo de coste.
Asimismo, los abogados de Sanz Cabrejas también realizan visitas gratuitas a personas que se encuentran en prisión acusadas de delitos contra la salud pública para que puedan recibir una valoración jurídica y económica de su caso.
