El proyecto de la nueva Ley de Vivienda impulsado por el gobierno español está en trámite de negociación de enmiendas en el Congreso y, según han expresado distintos ministros, es probable que se apruebe en algún momento de los próximos meses. Uno de los puntos destacados del proyecto es que regulará la limitación de las rentas del alquiler, con la que el Gobierno busca facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes y los colectivos más vulnerables.
Ahora bien, según la agencia Navarro Greiling y otras entidades del mercado inmobiliario y empresarial, esta normativa podría provocar varios efectos negativos tanto en el mercado de alquiler como en los propietarios.
Incluso antes de entrar en vigor y ser aprobada, la nueva Ley de Vivienda ha generado un impacto negativo en el sector inmobiliario y en el mercado de propiedades. Desde que se conoce esta normativa, distintas empresas han frenado sus decisiones de inversión relacionadas con la promoción y construcción de vivienda.
En particular, los actores del sector inmobiliario consideran negativa la limitación de las rentas de las viviendas de alquiler en aquellas zonas consideradas como “mercados tensionados”. Tampoco les parece adecuada la obligación que pesa sobre los promotores para que destinen parte de sus proyectos a vivienda de protección oficial.
Según la agencia inmobiliaria Navarro Greiling, estas normativas pueden derivar en una disminución del valor de los activos inmobiliarios destinados al alquiler. Esta situación supone un empobrecimiento patrimonial de los propietarios y una disminución de garantías de los acreedores que tienen deuda vinculada a una vivienda de este tipo.
Por otra parte, podría registrarse una reducción de la oferta de alquileres, tanto en vivienda nueva como usada, y un desequilibrio en el mercado, porque al haber menos pisos o casas disponibles el precio va a tender a subir.
Las agencias y promotoras inmobiliarias también esperan una paralización generalizada de las construcciones y de los nuevos proyectos. Esto podría suponer la pérdida de más de 400.000 puestos de trabajo y una disminución considerable de la recaudación impositiva tanto a nivel estatal como autonómico y local.
En conclusión, la nueva Ley de Vivienda puede traer consigo un coste social elevado, porque agregar tensión al mercado inmobiliario dificulta el acceso a la vivienda, produce un retraso en la emancipación de la vivienda y afecta a la demografía del país.
Según la agencia inmobiliaria Navarro Greiling y los principales actores de este sector, la nueva Ley de Vivienda, de ser aprobada, conllevará un impacto sumamente negativo tanto a nivel social como en el mercado de propiedades.
