La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) considera que la Ley del Trabajo a Distancia aprobada durante la pandemia debería derogarse y ser sustituida por una nueva norma que establezca una regulación común del teletrabajo, sujeta a los principios de voluntariedad y no discriminación.
El organismo ha analizado en un trabajo de los profesores José Ignacio Conde-Ruiz, Marcel Jansen y Jesús Lahera la regulación actual del teletrabajo y ha avanzado algunas propuestas para modificarla a fin de sacar «el mejor partido posible» al mismo.
Los autores subrayan que la legislación previa a la pandemia, recogida en el antiguo Art.13 del Estatuto de los Trabajadores, dejaba gran libertad a las partes para diseñar de mutuo acuerdo el teletrabajo bajo los principios de voluntariedad y no discriminación.
Sin embargo, sostienen que la nueva normativa, «introducida de forma precipitada en mitad de la pandemia», ha dado lugar a un marco legislativo «complejo», caracterizado por una regulación dual en la que existen dos regímenes muy diferentes dependiendo de si el tiempo de teletrabajo supera o no el 30% de la jornada laboral trimestral.
Por debajo de ese umbral, señalan, el teletrabajo se considera «no regular» y queda «casi completamente desregulado», mientras que por encima del mismo, se entra en un régimen de teletrabajo «regular», «sujeto a muchas restricciones que tienden a aumentar sus costes».
Al mismo tiempo, denuncian que la nueva norma excluye explícitamente de su ámbito de aplicación el trabajo a distancia realizado durante la pandemia.
En opinión de los autores, el riesgo de esta regulación dual es que tiende a hacer que el teletrabajo se quede justo por debajo del umbral del 30%, «no por razones de eficiencia sino para esquivar la regulación y ahorrar costes».
Además, advierten de que la Ley del Trabajo a Distancia «corre el riesgo de convertir al teletrabajo únicamente en una nueva vía de conciliación, introduciendo nuevas segmentaciones por género en el mercado laboral».
Para aprovechar las oportunidades que el teletrabajo ofrece, para avanzar en la transformación digital de las empresas y de la economía y conseguir mejorar la productividad, los autores consideran que se debería derogar el marco regulatorio actual e introducir una nueva norma que respete una serie de principios básicos.
En concreto, abogan por recuperar una regulación común del trabajo a distancia sujeta a los principios de voluntariedad, no discriminación, una adecuada dotación de medios de la empresa y el establecimiento de compensación de gastos al trabajador.
Apuestan además por eliminar las distintas tipologías vigentes y establecer un modelo regulador común, eliminando el «artificial» umbral del 30% porque «sólo consigue segmentar el mercado».
Al mismo tiempo, piden evitar que el teletrabajo se convierta esencialmente en una forma de conciliar y aumente, por tanto, la segregación por género, y que se establezca una regulación general del control empresarial, registro horario y desconexión digital.
«Son múltiples las ventajas que ofrece el teletrabajo tanto para los trabajadores como para las empresas o para la economía en su conjunto, y sería deseable que parte de estos cambios sean permanentes, convirtiendo el trabajo a distancia en un elemento clave de una nueva organización del trabajo», apuntan.
