La empresa Tradeando.net, ubicada en Andorra, está preparando junto a su equipo legal una serie de acciones legales contra Facua-Consumidores en Acción y solicitará daños y perjuicios por lo que considera una «falsa serie de afirmaciones que no se adecúan a la realidad».
Después de que Facua anunciara públicamente que ha denunciado a la plataforma de ‘trading’ por negar a los usuarios el derecho de desistimiento cuando contratan uno de sus productos, así como por obligarlos a acudir a arbitraje en Andorra y por no informar de la dirección de su domicilio social, el fundador de tradeando.net, Enrique Moris, ha subrayado que no ha tenido noticia de la demanda «más allá de lo publicada en medios» y ha incidido en que «no se le ha notificado nada».
En una nota de prensa, Moris califica de «incierto» lo relativo a la supuesta obligación de reclamar mediante arbitrajes en Andorra, ya que sus políticas recogen que «si está contratando como consumidor, los tribunales competentes para conocer las discrepancias serán los establecidos en la normativa de consumo correspondiente».
Así, afirman que sus políticas «siguen y cumplen la normativa vigente» y, del mismo modo, señalan que en su página web se indican los datos de sus oficinas y sede social en el país.
En lo que se refiere al desistimiento, Tradeando.net mantiene que en «la legislación vigente por la que se regula el derecho de los consumidores y usuarios, los productos digitales –como puede ser en este caso una formación– están en derecho de la exención a la devolución».
La compañía con sede en Andorra subraya que en su web se indica que «el usuario tiene derecho a desistimiento, siempre y cuando no haya accedido y/o consumido total o parcialmente el contenido ofrecido por la empresa».
Por último, apuntan a que la «supuesta» demanda de Facua habría sido interpuesta en organismos «que no tienen competencia de regulación sobre sociedades no españolas, como es el caso».
Cabe recordar que las denuncias de Facua han sido presentadas ante el Ministerio de Consumo –en el caso de la supuesta negación a los usuarios el derecho de desistimiento al contratar productos y la supuesta obligación de acudir a arbitraje en Andorra–; y ante la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Social, por supuestamente no informar de la dirección de su domicilio social.
