Ecuador se dirige este domingo a una cita electoral que está llamada a hacer historia: con un número inédito de candidatos a la Presidencia y en plena pandemia de coronavirus, el país se enfrentará a un cambio de Gobierno ante el abismo de un colapso económico.
Los votantes, preocupados por las desesperantes cifras macroeconómicas, tendrán que elegir además a los 137 diputados que conforman la Asamblea Nacional –seis de los cuales representan a la comunidad ecuatoriana en el extranjero– y los cinco representantes del Parlamento Andino.
Aunque la campaña electoral se ha visto caracterizada por numerosos contratiempos, especialmente en lo referente a la inscripción de los candidatos, el proceso parece seguir adelante en una carrera contrarreloj.
Hacerse con el control del Parlamento es fundamental; de ello depende la habilidad para gobernar del que sea elegido para suceder a Lenín Moreno, que ha visto dificultado su mandato debido a una legislatura fragmentada que no ha dudado en poner cortapisas a sus iniciativas parlamentarias.
Desde el Gobierno piden «sosiego» para que impere la convivencia en un país que se vio sumido en una ola de fuertes protestas a finales de 2019, cuando el Ejecutivo impulsó una reforma económica que incluía la retirada de un subsidio al combustible que, en palabras del mandatario, «solo beneficiaba a contrabandistas».
Este acercamiento al plan de ajuste del Fondo Monetario Internacional llevó al país a un estado de excepción y al traslado de la sede de gobierno en un periodo de convulsión social que se extendió por Latinoamérica.
Ahora la aprobación de Moreno se encuentra por debajo del 10%, un bajo índice similar al de la Asamblea Nacional, una especie de almazuela de partidos con la Alianza País al frente.
Las elecciones ecuatorianas suponen así un momento clave para la política regional, donde la reactivación económica se encuentra en punto muerto ante los devastadores efectos de una pandemia que se ha cobrado ya más de 1 millón de vidas en todo el continente.
En Ecuador, precisamente, la obligatoriedad de acudir a votar en territorio nacional ha llevado a las autoridades de ciertas zonas, como Quito, a pedir el uso de dos mascarillas para una protección eficaz contra el coronavirus a la hora de acudir a los recintos electorales.
En un giro de acontecimientos en plena campaña, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) han protagonizado una serie de encontronazos que han desembocado en un cruce de acusaciones sobre intromisiones indebidas.
La polémica entre los dos organismos estalló en enero a raíz de la inscripción de la candidatura de Álvaro Noboa, de Justicia Social. El caso, que ha llevado a la salida del citado candidato de la contienda electoral, ha provocado además la destitución de cuatro miembros del CNE por no haber acatado la sentencia del TCE sobre la extensión del plazo para inscribir candidaturas.
Los caóticos preparativos electorales se han topado, además, con la exclusión del expresidente Rafael Correa del proceso, al que el CNE ha prohibido, incluso, aparecer en los anuncios electorales del partido Unión por la Esperanza.
La campaña, que finalizó el 4 de febrero, ha ido dejando tras de sí una estela de incertidumbre. A mediados de enero, cuando se habían impreso aproximadamente la mitad de las papeletas necesarias, el CNE advirtió un error que afectaba al candidato presidencial Pedro José Freites y su movimiento, Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (AMIGO). Esto llevó a una destrucción de las papeletas y una reimpresión de las mismas.
Con una auditoría ya abierta, el CNE volvió a plantearse aplazar los comicios a finales de enero tras un nuevo retraso en la impresión. Dicho atraso se debía a la admisión por parte del TCE de un recurso presentado por el movimiento Justicia Social y relacionado con la inscripción de sus candidatos al Parlamento Andino.
La impresión de las papeletas para la contienda electoral está ahora completada al 100%, si bien la orden de impresión de las papeletas para el órgano de control político de la comunidad andina no se emitió hasta el 1 de febrero. Para su efectiva distribución, el CNE ha contado con la ayuda de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, que han recalcado en todo momento que «garantizarían la votación».
No obstante, desde el Gobierno insisten en la viabilidad del proceso, que apunta, según los sondeos, a una nueva victoria del correísmo de la mano de Andrés Arauz, al que Correa respalda desde Bélgica.
Este domingo, los ecuatorianos tendrán que optar por uno de los dieciséis candidatos que se presentan a la contienda, entre los que se encuentran el protegido de Correa, un empresario conservador y un líder indígena. En caso de que ninguno se haga con más del 40% de los votos con una ventaja de 10 puntos porcentuales, el 11 de abril los candidatos irán a una segunda vuelta.
Andrés Arauz, que parte como favorito y es además el candidato más joven de todos, ha garantizado que devolverá al país a la senda del correísmo y pondrá punto y final a las «políticas neoliberales» de Moreno. Crítico con el préstamo del FMI, busca revertir los recortes del anterior Gobierno y ha prometido dar ayudas a las madres ecuatorianas.
Todo esto podría granjearle la victoria, siempre y cuando consiga que la condena de Correa por corrupción no recaiga sobre sus hombros. Por detrás de él en las encuestas se encuentra Guillermo Lasso, que busca por tercera vez lograr la Presidencia.
Su idea es lograr el voto de las élites empresariales, los conservadores y los votantes de centro-derecha con la promesa, además, de crear 1 millón de empleos e impulsar un sistema sanitario universal en plena pandemia.
Para Lasso el correísmo es cosa del pasado, un «fracaso que incluye corrupción en todos sus niveles». Durante la campaña ha tratado de atraer el voto de los detractores de Correa frente a un candidato que cuenta con menos popularidad que Moreno cuando se presentó a los comicios en 2017.
La candidatura de Yaku Pérez, por otra parte, representa el punto medio entre ambos: busca hacer frente al correísmo y a la derecha ecuatoriana. El indígena y activista medioambiental, que ganó notoriedad en 2019 en el marco de las protestas contra el Gobierno, tratará de hacerse con el nicho de votos que representan los electores de izquierda contrarios a Correa y su legado político.
El tablero electoral ha adquirido durante los últimos días una dimensión internacional tras las acusaciones de una presunta financiación de la campaña de Arauz por parte de la guerrilla colombiana del ELN.
La polémica, que se ha desatado después de que la revista ‘Semana’ sacara a la luz presuntos archivos que habrían pertenecido a Andrés Felipe Vanegas Londoño, alias ‘Uriel’, uno de los líderes del ELN abatido recientemente, ha llevado al propio Moreno ha solicitar información al Gobierno colombiano.
Dichos documentos, que han sido analizados por la Inteligencia colombiana, apuntarían a una «aporte» de unos 66.000 euros para la campaña de Arauz y señalan que ‘Uriel’ habría mantenido conversaciones con el expresidente Correa recientemente.
El exmandatario, que será el principal apoyo de Arauz desde el extranjero, insiste en negar dichas acusaciones y vincularlas al ‘uribismo’ al tiempo que subraya que sólo conoció a miembros de la guerrilla cuando se encontraba al frente del país y propuso Ecuador como escenario para los acuerdos de paz con el Gobierno colombiano, por entonces presidido por Juan Manuel Santos.
