El derecho a la educación nació en el siglo XIX. Fue entonces cuando el Estado asumió la responsabilidad siguiendo los ideales ilustrados de las sociedades modernas. La educación se vio como algo básico para que los ciudadanos tuvieran al menos una instrucción mínima y se generara una identidad y una lengua nacionales.
Con esta filosofía fueron surgiendo en esta época los primeros planes y sistemas educativos. Se destinaban fondos públicos y se fomentaba la competencia para que la educación mejorara. Las congregaciones religiosas y las pequeñas escuelas municipales se habían ocupado hasta ese momento de la educación, y veían de este modo invadido su trabajo por la inmersión del Estado. Había que conjugar la libertad de enseñanza y el nuevo papel del Estado. De este modo iban surgiendo disputas en Europa, Iberoamérica y Asia conforme el nuevo sistema avanzaba, según los Estados fueran más o menos laicistas.
En el siglo XIX se consolidó la creación de centros educativos, pero el mundo seguía siendo analfabeto. En algunas provincias la tasa llegaba al 80-90%. “La enseñanza era obligatoria, pero muchos no iban a la escuela o no aprendían”, señala Alfonso Aguiló, presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE).
Para poder ejercer la libertad era y es necesario tener un mínimo de instrucción. Por ese motivo se implantó la enseñanza obligatoria en el siglo XIX. La Ley Moyano, que existió entre 1857 y 1970, decretó inicialmente que su duración fuera de al menos tres años.
Tras la II Guerra Mundial se instauraron a nivel global los denominados derechos de segunda generación: salud, educación y cuestiones laborales. Seguían a los de primera generación: sufragio universal, libertad de expresión y libertad religiosa. Acaban de cumplirse cien años del inicio del sufragio universal en Estados Unidos. A España llegó en 1931.
Tras los errores de la II Guerra Mundial y los regímenes totalitarios, de los adoctrinamientos nazi y soviético, los tratados internacionales recogieron la posibilidad de subvencionar formas de educación distintas a las fomentadas por los poderes públicos para que los padres pudieran escoger la enseñanza religiosa y moral que estimaran oportuna para sus hijos. “Se buscaba la equidad: que la pluralidad fuera accesible. Si la enseñanza privada es sólo de pago, únicamente pueden acceder unos pocos a una enseñanza plural”, explica Aguiló.
Desde el siglo XIX se ha buscado la igualdad en la educación a través de distintos modos: igualdad de recursos, con las becas; de resultados básicos, con una educación obligatoria que cumpla unos mínimos que deban alcanzar todos y que es algo asumido en todo el planeta; y de oportunidades, con unas políticas públicas que deben promoverla. “He visitado casi todos los países de Europa y he comprobado que en casi todos ellos la enseñanza privada está financiada con fórmulas muy diversas. Hay subvenciones por alumno, por aula, hay países cuyos gobiernos o municipios ceden edificios…”, señala el presidente de CECE.
Con esto no quiere decir que el Estado desaparezca: “El país seguiría siendo analfabeto si no fuera por las políticas públicas. La intervención del Estado es necesaria. La libertad, sin más, puede favorecer a los que tienen más privilegios y perjudicar a los que menos tienen”, indica Aguiló.
En el último siglo, la pluralidad de la oferta ha tratado de conjugarse con la calidad. “Los ricos siempre han tenido muchas oportunidades. Se trata de que las tengan todos”, añade Aguiló. En este sentido se entienden las subvenciones públicas para centros educativos concertados o privados: “En una reunión del Consejo Escolar del Estado varios comentaron que el dinero público debe ir para la escuela pública. La realidad es que hay numerosas entidades privadas que reciben dinero público; por ejemplo, los partidos políticos y los sindicatos. Y me parece positivo: si no, estaríamos en un régimen autoritario. Lo que define la salud de una democracia es que el espacio público esté en buena parte gestionado por entidades privadas financiadas por dinero público, porque esas entidades tienen interés público”, agrega.
La pluralidad de oferta fomentada por las subvenciones haría que mandara más la sociedad civil, se formarán más opiniones propias y hubiera menos peligro de crear un gran rebaño de pensamiento único.
La escuela concertada en España, creada por el Gobierno socialista de Felipe González en 1985, tiene una presencia mayor a la de la media europea. Representa un 25% de los alumnos. ¿Cuál es el problema? ¿Si por ejemplo el PSOE tiene una representación de diputados en el Parlamento mayor de la que hay en el partido socialista europeo, habría que pedirle que reduzca su representación en España? “Con la escuela no debería ocurrir algo muy diferente. Su tamaño debe depender de cuántas familias la soliciten. Esa es la demanda social”, afirma el presidente de CECE.
La defensa de la Ley Celaá ha sacado a la palestra diversos datos y argumentos que no son ciertos. Por ejemplo, que la construcción de centros de enseñanza concertada ha crecido más que la de centros públicos en la Comunidad de Madrid en los últimos años (en realidad se han construido unos 90 concertados frente a más de 200 públicos). O que los concertados tienen un menor número de inmigrantes o de familias más pobres. Si hay un poco menos es, entre otras cosas, porque en muchas comunidades autónomas se les niegan las becas de alimentación y transporte que en los colegios públicos obtienen sin ningún problema.
La Ley Celaá propone diversos frentes que en la CECE consideran un ataque. El artículo 109 abre la puerta a que las consejerías de Educación decidan cuántos colegios concertados hay en una comunidad en lugar de que lo decida la demanda de las familias. El artículo 74 sentencia los colegios de educación especial. En otro apartado se quita a las religiones la potestad de decidir qué contenidos se dan sobre su asignatura. La disposición adicional 25 dice que la enseñanza diferenciada discrimina aunque hay siete sentencias del Tribunal Constitucional que dictaminan que no lo hace y que, por tanto, no puede ser discriminada en su financiación. Los vigilantes escolares de los que habla la ley tampoco son bien vistos, al igual que la zonificación y la distribución equitativa. “La intención de evitar guetos es buena, pero una buena forma de hacerlo es permitir que los alumnos salgan a estudiar a otros barrios”, señala Aguiló.
El objetivo de cambiar el marco normativo de la enseñanza concertada es claro. Por eso a final de octubre nació MasPlurales, una plataforma que reúne a representantes de la educación privada, concertada y especial y a los tres millones de estudiantes que demandan la asignatura de religión en la enseñanza pública. Entre todos han reunido y enviado ya casi dos millones de firmas para defender sus intereses.
La libertad de enseñanza se promueve en Europa por medio de iniciativas muy diversas, y algunas tienen cierto parecido con el cheque escolar. Tras la caída del Muro de Berlín en 1989, casi todos los países del Este de Europa (Letonia, Polonia, Eslovaquia, Rumanía, Hungría…) decidieron que hacer crecer la escuela privada era el mejor modo de fomentar la libertad de pensamiento y la democracia. Subvencionan toda la escuela privada. Las familias escogen un colegio y el Gobierno paga una cantidad por alumno. “El cheque escolar tiene algunos problemas que resolver. Si no hay un control de precios, no sirve. Puedes ir al colegio y que te pidan 500 euros más. También puede ocurrir que vayas y no haya plazas, o que te admitan a un hijo inteligente pero no a otro que es hiperactivo. Si se le añadiera el control de precios y la objetividad en las admisiones, veríamos que el cheque escolar es muy parecido al concierto. Para que el sistema fuera válido para el colegio, lo ideal sería que la subvención fuera por aula, no por alumno. Si el colegio calcula los costes con el aula llena y no llegas, hay que pedir a las familias que paguen más. Si el cheque se paga por aula, que es lo que garantiza la gratuidad, se parece mucho al concierto”, explica el presidente de CECE.
En cuanto a la enseñanza diferenciada, a veces se piensa o se dice que es un modelo único en España, pero no es así. “En Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos, Canadá o Australia también existe. Es minoritaria (6-10% de los colegios), pero la aceptación es mejor y no está debatida, salvo en Estados Unidos. Creo que cuando se le quite el componente ideológico irá a más. Entiendo que hoy es un modelo contraintuitivo, pero la realidad es que los estereotipos de género están menos implantados en la enseñanza diferenciada”, afirma Aguiló.
El Gobierno dirige la polémica hacia las cuestiones que le interesan, y que no suponen ningún problema: la religión la solicita el 63% de los alumnos; las cuotas que se cobran en los colegios concertados, la enseñanza diferenciada o que un ayuntamiento decida donar suelo público porque quiere no son ningún inconveniente. Quizá la solución sería estudiar cómo se puede mejorar la enseñanza pública y ponerla a competir en igualdad de condiciones con la escuela privada y concertada. Sería un buen modo de mejorar la calidad de educación, de dar más posibilidad de elección a los padres y se podría coronar con la defensa de los derechos fundamentales para que no dependan de quien gobierne.
