El gestor del transporte de París, RATP, y el operador público de Francia SNCF han advertido a la multinacional francesa Alstom que recurrirán a la Justicia después de que la compañía haya retirado a Bomardier, empresa que adquirió hace apenas unos días, de un contrato ya adjudicado en consorcio con la española CAF.
Los adjudicadores han denunciando en un comunicado de forma «enérgica» la decisión de Alstom de retirarse de este contrato que prevé la entrega de 146 trenes de cercanías para la capital gala por un importe total de 2.560 millones de euros, al considerar que la oferta ganadora era demasiado baja.
La compañía ya había presentado una serie de recursos antes la Justicia por esta adjudicación, lo que supuso la suspensión temporal del proyecto durante un mes, hasta que los tribunales fallaron favorablemente para los adjudicadores y el contrato fue finalmente adjudicado el pasado 13 de enero.
Ahora que Alstom ha formalizado la adquisición de Bombardier, la francesa tomado la decisión de despegarse de CAF y retirarse del proyecto, algo que París no ve posible y reitera que el contrato ya fue adjudicado a la mejor oferta y que solo espera su firma «lo antes posible» para dar un mejor servicio a los habitantes de París.
RATP y SNCF se escudan en que Bombardier ya aceptó y confirmó su oferta, por lo que se comprometió a su ejecución, y recuerdan que Alstom se ha hecho cargo de todos los contratos y compromisos de la canadiense al adquirir la empresa.
Además, la retirada se produce el día anterior a la celebración de una audiencia que iba a tener lugar en un tribunal administrativo, a petición de Alstom, para estudiar la viabilidad de la oferta respecto a los documentos presentados.
Los adjudicadores lamentan también la afectación a su reputación que esta decisión les puede estar acarreando y defienden haber realizado todos los estudios de adjudicación «de forma extremadamente rigurosa».
«Una empresa externa, reconocida e independiente llevó a cabo una verificación económica y financiera de la oferta antes de la adjudicación del contrato, que no concluyó en una oferta anormalmente baja. Esta auditoría se llevó a cabo durante dos meses a partir del análisis de cientos de documentos», aseguran.
