Los ganaderos españoles aseguran estar «muy enfadados» por la decisión «errónea» de la Comisión Estatal de Patrimonio Natural del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico de prohibir la caza del lobo en toda España, no descartan movilizaciones y anuncian que acudirán a los tribunales, si hace falta, para que no se convierta en ley.
Así, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha criticado el «autoritarismo y la hipocresía» de la ministra Teresa Ribera y su actitud «arbitraria, antidemocrática» al «expulsar» con esta decisión «a la ganadería extensiva de su milenario hábitat natural».
Según COAG, los lobos matan anualmente «más de 15.000» cabezas de ganado en España y «a las millonarias pérdidas económicas, se suman los graves efectos sanitarios y reproductivos en las cabañas ganaderas y el estrés de las habitantes que viven en estas áreas».
«A medio plazo, hablamos de un serio problema para la biodiversidad, al amenazar una práctica ganadera como el pastoreo, con especies autóctonas, para una gestión sostenible del territorio y el medio natural, (caldo de cultivo para la proliferación de incendios en época estival), y por extensión para el mantenimiento de la actividad agraria y la población en las zonas más desfavorecidas», advierte.
Por ello, ha anunciado que llevarán esta decisión «ante las instancias políticas y judiciales competentes» para impedir que acabe en ley y evitar así que el pastoreo y la ganadería extensiva se conviertan en una «actividad milenaria en peligro de extinción».
También la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha calificado de «decisión errónea» la inclusión del lobo dentro del listado de especies de protección especial porque, a su juicio, «ignora plenamente» las demandas de los ganaderos, así como de las Comunidades Autónomas con presencia de lobos.
Además, aseguran que el lobo en España no se encuentra en peligro de extinción, «por más que se empeñen algunos». Al contrario, dicen, citando a expertos, que la especie se ha expandido en los últimos años, causando daños «importantes» a la ganadería extensiva, sobre todo en Castilla y León, Asturias, Galicia, Cantabria, Comunidad de Madrid, La Rioja y Euskadi, que son los territorios con presencia de lobos en la Península Ibérica.
Fuentes de la UPA han precisado a Europa Press que, por el momento no tienen previstas movilizaciones concretas pero «no se descarta nada» porque «el enfado es muy grande entre los ganaderos de la mitad norte de España». Las mismas fuentes precisan que incluso desde UPA Castilla y León están pidiendo la dimisión de la ministra Teresa Ribera.
Según los últimos datos recopilados por la UPA en 2017, más de 10.000 animales murieron en 2016 por ataques de lobos. Si bien, precisan que uno de los problemas que existen es que «no hay datos actualizados fiables».
También les llama la atención el «silencio» del Ministerio de Agricultura al que piden que «tome cartas en el asunto». En cuanto a posibles ayudas a los ganaderos, consideran que hasta el momento estas han sido «insuficientes y muy difíciles de solicitar» por la complejidad de demostrar los ataques ya que muchas veces no queda ni el cadáver del animal, que tras el ataque del lobo, es devorado por las aves carroñeras, según puntualizan.
Por su parte, fuentes de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) precisan a Europa Press que han pedido que se «paralice» esta decisión y, si no, que se pongan «medidas de apoyo» a los ganaderos porque «es su supervivencia la que peligra, no la del lobo».
Según indican, es «un despropósito» porque «los ganaderos están asumiendo pérdidas económicas» con cerca de 8.000 cabezas de ganado que son víctimas de los ataques del lobo cada año en la Cornisa Cantábrica y del Centro-Norte peninsular, de acuerdo con los datos de Asaja.
Aunque por el momento tampoco han previsto movilizaciones concretas para protestar por esta decisión, desde Asaja Castilla y León ya han dicho que van a ejercer todas las medidas legales que sean necesarias, según señalan las mismas fuentes.
Además, en un comunicado, Asaja ha exigido al ministro de Agricultura, Luis Planas, «que defienda a los ganaderos, porque de lo contrario serán ellos los que acaben siendo una especie protegida».
