El sector de la construcción afronta el año 2021 con la esperanza de que la inyección en España de hasta 34.600 millones de euros procedentes de fondos europeos permita reactivar la maquinaria del Estado para licitar nuevos proyectos, después de que la crisis sanitaria haya hecho retroceder la licitación a las cifras registradas en 2011, en plena crisis financiera.
En declaraciones a Europa Press, el presidente de la patronal de las grandes constructoras (Seopan), Julián Núñez, traslada que la gran prioridad del sector para este nuevo año es recuperar los volúmenes de licitación y contratación pública registrados antes del estallido de la pandemia.
La crisis económica provocada por el Covid-19 ha ocasionado un hundimiento de hasta el 63% en los volúmenes de contratación de obras públicas licitadas y contratadas, que se refleja en una pérdida de casi 2.500 millones de euros en el caso de las licitaciones y de cerca de 3.000 millones en las contrataciones.
Las estimaciones realizadas por Seopan proyectan una licitación total de 12.568 millones de euros para el conjunto del ejercicio por parte de todas las administraciones públicas, lo que supondría una disminución del 31% y volver a los niveles que se registraban hace nueve años.
Ante esta situación, Núñez cita la necesidad de consolidar, programar y realizar en 2021 todas las inversiones proyectadas y financiadas por los fondos europeos aprobados en el marco del programa ‘Next Generation UE’ como la segunda de las grandes prioridades.
El presidente de la patronal recuerda que los dos principales instrumentos de este programa, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y el llamado ‘React EU’, representan, en total, más de 34.600 millones de euros para este nuevo año.
Como respuesta a la crisis, Seopan, junto con la patronal de las empresas de ingeniería Tecniberia, ya han planteado al Gobierno la ejecución de un plan de inversiones por valor de 100.428 millones de euros para la modernización de las infraestructuras en el país, capaz de crear hasta 1,4 millones de empleos hasta el año 2026.
Se trata de 2.277 actuaciones repartidas en 10 macroproyectos y 32 líneas de inversión, que crearán 30.000 nuevos empleos en el ámbito de la ingeniería y hasta 1,4 millones de puestos de trabajo a tiempo completo en la construcción.
Las subvenciones por parte del Estado alcanzarían los 12.740 millones de euros, lo que supone el 17,8% de las ayudas directas destinadas a España por parte de los fondos europeos, mientras que la inversión privada coparía el importe restante hasta los 100.000 millones de euros, es decir, el 87,3%.
Esto plantea que por cada euro de inversión pública se activarían siete euros de fondos privados y el retorno fiscal alcanzaría los 43.292 millones de euros, con una actividad económica inducida total de 190.500 millones de euros para todo el periodo.
No obstante, la entrada al nuevo año también plantea una serie de reivindicaciones en materia de regulación, ya que el sector viene reclamando desde hace tiempo que hay «una enorme liquidez e interés en los mercados financieros» para participar en proyectos de infraestructuras.
Por ello, el sector defiende que la regulación española «debe facilitar y consolidar esta oportunidad, a la vez que retoma los modelos de colaboración público-privada de infraestructura, generalizados en Europa».
Núñez también insiste en la necesidad de cambiar la tasa de descuento que prevé la legislación para conseguir atraer capital privado, ya que, con una tasa de rentabilidad inferior al 5%, considera que «es difícil encontrar fondos privados».
Actualmente, la tasa de descuento derivada de la ley de desindexación, la norma que regula los proyectos que se realizan en España con la colaboración público-privada, limita esta rentabilidad a largo plazo en torno al 2%.
