La economía española está a punto de cerrar 2020 con la peor recesión económica desde el final de la Guerra Civil como resultado de la pandemia originada por la COVID-19. La caída prevista del PIB para este año se situará alrededor del 11%. Afortunadamente, y a diferencia de otras recesiones, sus efectos pueden ser más transitorios y la recuperación más rápida. De hecho, tras un descenso del PIB del 22,1% en el primer semestre, en el tercero creció un 16,5%, por lo que la actividad se sitúa ya un 9,1% por debajo de la observada a finales de 2019.
Aunque a corto plazo la recuperación se está viendo afectada por las restricciones de movilidad y de actividad asociadas a la segunda ola que está experimentado Europa, previsiblemente sus efectos económicos no serán comparables a los de la primera. Y una vez aplanada la curva de contagios y recuperada la senda de la recuperación, es muy probable que tengamos que hacer frente a nuevas olas antes de que, previsiblemente, las vacunas contra la COVID-19 se distribuyan masivamente entre la población española y europea durante el primer semestre de 2021.
Es cierto que todavía quedan muchos riesgos por delante y que la recuperación no será completa el próximo año. Las previsiones de BBVA Research apuntan a que España crecerá un 6% en 2021. Como es lógico, el principal riesgo sigue siendo sanitario, mientras la pandemia no esté completamente controlada. En el terreno económico, habrá que gestionar bien los procesos de reestructuración de aquellas empresas con problemas de sostenibilidad de la deuda, y las tensiones financieras que puedan surgir en algunas economías emergentes. Y también se pueden materializar riesgos en el escenario internacional asociados a tensiones comerciales, geopolíticas, políticas y sociales.
Pero el entorno global permite que la recuperación de la economía española pueda proseguir y que su velocidad dependa casi exclusivamente del acierto con el que las políticas nacionales y las empresas y los hogares gestionen la salida de la crisis. Las expectativas apuntan a que se producirá una mejora gradual de la situación sanitaria a medida que se distribuyan las vacunas, a que los bancos centrales y las autoridades fiscales continuarán con los estímulos el tiempo necesario hasta que se recuperen los niveles de actividad anteriores a la crisis, y a que los mercados mantengan las tensiones financieras en niveles muy controlados.
Ante este contexto favorable, la recuperación de la economía española depende fundamentalmente de nosotros mismos. Para ello es primordial satisfacer las siguientes condiciones necesarias para acelerar la recuperación. Primero, alcanzar consensos que sean lo más amplios posibles sobre una agenda de reformas, en línea con las recomendaciones específicas de la Comisión Europea a España. Estas reformas son una condición imprescindible para la solicitud de las ayudas de NGEU (plan de recuperación para Europa) y aumentarían sus efectos a largo plazo, facilitando la digitalización y transición a una economía neutral en emisiones, incrementando el crecimiento potencial, la productividad y la tasa de empleo. En segundo lugar, es importante maximizar los efectos de NGEU con un buen diseño y una selección de proyectos, potenciando su multiplicador fiscal, la colaboración público-privada, la concurrencia entre proyectos, y su ejecución rápida y eficiente. Tercero, generar confianza y certidumbre con unos Presupuestos Generales del Estado consistentes con una hoja de ruta a medio y largo plazo clara y transparente sobre la senda de consolidación fiscal y de tributos, que facilite la planificación de las decisiones de largo plazo de empresas y de agentes económicos. El debate sobre la reducción del déficit público se centra habitualmente en la disyuntiva entre recortar el gasto y aumentar los impuestos, dejando al margen la estrategia de consolidación más prioritaria y efectiva a medio y largo plazo: aumentar el crecimiento potencial y reducir el desempleo estructural. Cuarto, proteger el tejido productivo y facilitar una reestructuración eficiente y ágil de aquellas empresas viables que lo necesiten, con mecanismos extrajudiciales flexibles y rápidos. Y quinto, evitar generar incertidumbres con cambios en las regulaciones de los mercados de trabajo, bienes y servicios que perjudican la inversión y la creación de empleo.
