El Pleno del Congreso de los Diputados examinará este jueves el decreto ley aprobado por el Gobierno que permite elevar la participación del Estado en la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la reestructuración bancaria (Sareb) por encima del 50% y tomar el control del conocido como ‘banco malo’.
En vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), como cada decreto ley debe someterse en el plazo de un mes a votación en el Congreso para ser convalidado o, de no encontrar apoyos suficientes, ser derogado. En todo caso, los grupos tienen posibilidad de proponer cambios, a través de enmiendas, aprobando su tramitación como proyecto de ley.
Sareb, que nació en 2012 para recapitalizar las entidades financieras más afectadas por la crisis financiera de 2008, está controlada en un 45,9% por el Estado a través del FROB, mientras que el resto del capital está en manos de bancos y aseguradoras.
En su memoria de impacto económico, el Gobierno defiende que la reforma para asumir el control del ‘banco malo’ mejorará las cuentas de las instituciones públicas y reforzará la defensa del contribuyente.
Aunque deberá ceñirse al régimen de contratos mercantiles y de alta dirección, gozará de un régimen societario específico hasta su liquidación en 2027 y seguirá bajo la supervisión del Banco de España.
En el momento de su constitución en 2012, la Sareb emitió 50.781 millones de euros de deuda avalada por el Tesoro como medio de pago para adquirir los activos de las nueve entidades financieras que habían recibido ayudas públicas durante el rescate bancario: 39.438 millones en activos financieros y 11.343 millones en activos inmobiliarios.
Al cierre de 2020, el ‘banco malo’ contaba con un patrimonio neto negativo de 10.500 millones y todavía tenía pendiente de devolver 34.918 millones de euros. Deuda avalada por el Estado inferior a todos los activos por liquidar, que de acuerdo con la última información financiera pública de la compañía, a cierre del primer semestre de 2021, se quedaba en 30.488 millones de valor neto contable –15.160 millones en activos financieros y 15.328 millones en activos inmobiliarios.
En su memoria de impactos, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno asume que la Sareb engordará las pérdidas asumidas ya por el rescate bancario. Así, señala que «es previsible que la Sareb no alcance a liquidar la totalidad de su activo antes de su disolución en 2027 y que se ejecute parte del aval del Estado en la deuda sénior emitida por la compañía y cuyos tenedores son las entidades cedentes de los activos».
En todo caso, el ‘agujero’ del llamado ‘banco malo’ ya está incorporado en las cuentas de la Administración Central, al empezar a computar como deuda pública tras una decisión de Eurostat que estableció que Sareb debía reclasificarse dentro del perímetro de cuentas del sector público, aumentando el nivel de deuda consolidada de las Administraciones Públicas en 34.145 millones de euros (3,05% del PIB).
El Gobierno en su memoria apunta a que esta reclasificación implica que los ingresos por ventas de activos impacten positivamente con carácter general en el saldo de la cuenta de capital del sector institucional, y que la progresiva amortización de deuda sénior por parte de la Sareb propicie una minoración de la cuantía de deuda pública.
Por ello, considera que la reforma, «de manera indirecta, impactará positivamente en los saldos de las cuentas nacionales del sector institucional de las Administraciones Públicas, al reforzarse la defensa de los intereses del contribuyente en las decisiones corporativas tras la toma de control por parte del FROB».
