El ERE de Vodafone se saldará con un total de 409 salidas, un 7,4% menos que las 442 pactadas anteriormente, de las que 53 serán despidos forzosos, tras una negociación intensa entre empresa y sindicatos para reducir el número de despidos una vez que los voluntarios no llenaron el cupo.
La compañía ha vetado la marcha de 37 trabajadores, aunque se ha abierto a reconsiderar esos vetos o las salidas forzosas vía recolocaciones en la empresa, ya que algunos trabajadores afectados están en proceso de selección para otras vacantes dentro del operador, según han confirmado a Europa Press fuentes sindicales.
Asimismo, el ajuste incluirá 75 prejubilaciones, de las que dos han sido forzadas por la empresa.
Este miércoles ha sido el primer día que las tiendas propias de Vodafone han empezado a operar con una distribuidora externa y los más de 230 empleados han salido de la compañía, después de acogerse a la indemnización propuesta por la empresa, que también ofreció seguir trabajando con las distribuidoras.
El resto de salidas se deberán producir antes del 31 de enero y la representación sindical confía en dilatarlas para conseguir aumentar el número de recolocados y seguir reduciendo la afectación al empleo en la firma.
La compañía achaca el ERE a las condiciones del mercado español, con tendencia al ‘low cost’, y a los cambios en la plantilla y las ventas que demanda la digitalización.
Los trabajadores afectados por el ERE saldrán de la compañía con una indemnización de 50 días por año trabajado con un tope de 33 mensualidades, en línea con las condiciones que se pactaron en 2019.
Además, los trabajadores con menos de 30.000 euros brutos de salario tendrán un bonus de 6.000 euros.
Por su parte, los empleados prejubilados dejarán el operador con rentas equivalentes al 85% del salario fijo a lo que hay que sumar un 50% de la retribución variable por un periodo de entre cinco y sitei años en función de la edad,, una revalorización del 1% y un convenio especial con la Seguridad Social.
Los empleados que se acojan al ERE voluntariamente y no pertenezcan a las tiendas tendrán un compromiso de no competencia durante 6 meses por un importe de 3 meses del salario regulador.
Asimismo, se extenderá el proceso de recolocación externa hasta un mínimo de 12 meses, pudiendo incluir a los cónyuges que estén en situación de desempleo, y con una extensión hasta la consecución del 100% de recolocaciones.
En el último año, las tres principales operadoras de telefonía y conectividad han realizado o se encuentran en trámite de realizar algún ajuste de empleo.
Mientras que Orange pactó la salida voluntaria de 400 empleados en un ERE, Telefónica negocia un plan de salidas voluntarias sin cargo a la Seguridad Social para hasta 2.500 trabajadores mayores de 54 años.
En el caso de Vodafone, se trata del cuarto proceso de ajuste en menos de diez años, lo que supone una pérdida de más de 3.000 trabajadores en este periodo.
Desde que alcanzó su punto álgido a finales del siglo XX, el empleo en el sector de las telecomunicaciones ha caído en 40.000 personas según datos recogidos por la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia.
Las principales empresas del sector y los sindicatos culpan de esto al modelo regulatorio que dificulta la consolidación del sector y ha erosionado los márgenes.
Esta misma semana, representantes de las primeras telecos europeas han reclamado a la Unión Europea que se replantee su política de competencia para facilitar fusiones y que obligue a los gigantes de Internet a pagar por el tráfico que generan.
