La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha destacado que los Presupuestos de 2022 serán los de la «recuperación justa», ya que tienen como objetivo la consolidación de la mejora económica y social tras la pandemia, poniendo el foco en la inversión y la atención a los jóvenes.
«El objetivo fundamental es consolidar la recuperación económica y social, haciendo de la inversión una potente herramienta y palanca para ello», ha destacado la titular de Hacienda en la presentación de los Presupuestos en el Congreso de los Diputados.
Con la entrega este miércoles de los Presupuestos en la Cámara, comienza el proceso de su tramitación en un contexto, como ha explicado Montero en su comparecencia, «muy diferente y mejor» al de la presentación hace un año de las cuentas públicas para 2021.
Así, las cuentas públicas para 2022 incluyen un récord de gasto social y un alza del salario de los funcionarios del 2% y del 3% para las pensiones mínimas y no contributivas, así como para el Ingreso Mínimo Vital (IMV). También se aborda el acceso a la vivienda, el paro juvenil, la competitividad y el crecimiento de las empresas, la cohesión territorial y social, así como la transición ecológica y la transformación digital.
Para ello, resultan fundamentales los 27.633 millones de euros procedentes de los fondos europeos, así como la incorporación de 1.278 millones correspondientes a créditos que forman parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En este contexto, los PGE del próximo ejercicio contemplan una inversión pública récord de 40.000 millones de euros, lo que supone un incremento del 9,6% interanual, con el objetivo de «sentar las bases de un nuevo modelo productivo para que España sea más competitiva», según ha remarcado Montero.
De salir adelante, las nuevas cuentas serán las segundas del Gobierno de coalición y prevén una recaudación récord de 232.000 millones, un 8,1% más. No obstante, el proyecto de Presupuestos incorpora pocas novedades fiscales, siendo la más importante el establecimiento del tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades para las empresas que facturen más de 20 millones de euros, con la que el Gobierno espera recaudar unos 400 millones de euros hasta 2023, correspondiendo solo 50 millones al ejercicio de 2022.
Otras de las medidas fiscales es la limitación a 1.500 euros de
la reducción por aportaciones a planes de pensiones que figuran en el
IRPF desde los 2.000 euros actuales y la prórroga de los límites actuales que permiten tributar por el sistema de módulos en el Impuesto sobre la Renta y en el IVA, una medida que se toma en beneficio de los autónomos.
En materia de vivienda, se incrementa la dotación un 46%, hasta los 3.295 millones de euros, cifra en la que se incluyen los 500 millones de euros destinados a incrementar la oferta de vivienda en arrendamiento a precio asequible y los 200 millones para el bono joven para el alquiler.
En cuanto al empleo juvenil, se incorporan las inversiones en mejorar la capacitación de los estudiantes, con un presupuesto en Educación que supera por primera vez los 5.000 millones de euros, el 44% del mismo (2.199 millones, la mayor cifra histórica) destinado para becas.
A éstas se unen las que pondrá en marcha el Ministerio de Justicia para las personas aspirantes a la judicatura, la fiscalía, la abogacía del Estado o la Administración de Justicia. También se incluyen medidas contra el abandono escolar temprano, la mejora de los resultados educativos y el fomento de la equidad y la calidad del sistema educativo, como la creación de más de 60.000 plazas de primer ciclo de infantil de titularidad pública o las al menos 1.000 unidades de acompañamiento y orientación personal y familiar del alumnado con dificultades.
A todo ello se unen las inversiones en la transformación de la formación profesional, en las que están incorporados los 2.076 millones de los fondos europeos y que tienen el objetivo de alcanzar las 200.000 nuevas plazas en cuatro años. Y también 750 millones para Empleo Joven, además de los 1.412 millones con que cuenta el Plan Nacional de Competencias Digitales.
Las comunidades autónomas y los ayuntamientos continuarán contando con recursos extraordinarios procedentes del Estado central. En particular, las comunidades ingresarán 7.004 millones de euros al margen del sistema de financiación, cifra que resulta de sumar la cobertura de las liquidaciones negativas de 2020 y la compensación por el SII IVA.
Sumando los recursos del sistema de financiación (108.792 millones), los fondos europeos (10.712 millones, incorporando el REACT) y la transferencia extraordinaria (7.004 millones), las comunidades autónomas contarán el próximo año con 126.508 millones de euros.
Por otro lado, las inversiones territorializadas del capítulo VI alcanzan los 13.000 millones de euros, lo que supone un ascenso del 1,5%. Las transferencias de capital, el dinero que el Estado da a las comunidades autónomas para que sean ellas las que inviertan, prácticamente se duplica, al pasar de los 787 millones a los 1.491.
En cuanto a las entidades locales, recibirán en 2022 las mayores entregas a cuenta de la historia, que ascenderán a 22.062 millones de euros. A esa cifra hay que sumar los 1.228 millones de euros adicionales. Con ello, el conjunto de la financiación subirá un 17% con respecto a un año antes. Los Presupuestos también incluyen una transferencia a los ayuntamientos por 2.050 millones de euros procedentes de los fondos europeos.
«Son unos Presupuestos en los que todo el mundo puede verse reflejado y puede sentirse identificado, pues son unas cuentas diseñadas para resolver los problemas de los españoles, los del día a día, y también anticipar reformas necesarias para el mañana», ha concluido María Jesús Montero.
