La Policía Nacional ha detenido a 12 personas, cuatro de ellas menores de edad, en Barcelona, Gerona, Sabadell, Cáceres, Albacete, Cádiz, Castellón, Madrid, Málaga, Murcia, Valencia y Portugal por vender material de abuso sexual infantil a través de una página web.
Según informó la Policía, la investigación comenzó gracias a una información ciudadana recibida a través del portal ‘www.policia.es/colabora.php’ que permitió a los agentes seguir la pista de un sitio web de distribución comercial de material pedófilo.
Los policías analizaron la página web en cuestión, lo que les permitió rastrear y localizar a su administrador, un individuo residente en Portugal que obtenía regularmente “cuantiosos beneficios económicos” de estas actividades a través de dos vías distintas: mediante pagos con monedas virtuales o de plataformas de gestión económica ‘online’ o interponiendo entre el sitio y las imágenes pedófilas un intermediario publicitario.
Tras su localización en Portugal, la Policía Nacional solicitó a través de Europol la colaboración de sus homólogos lusos, quienes le detuvieron, ingresando posteriormente en prisión. La página web fue posteriormente desmantelada a requerimiento de las autoridades españolas.
A pesar de ello, los investigadores continuaron con sus pesquisas y localizaron varios grupos de mensajería instantánea dedicados al intercambio de material de abuso sexual infantil, lo que les permitió identificar al resto de pedófilos en España, algunos de ellos menores de edad y otros en la veintena.
Entre ellos, destaca un individuo en Málaga, que era uno de los miembros más activos en estos canales investigados, como lo demuestra el hecho de que compartió hasta 38 vídeos de niños de muy corta edad sometidos a graves abusos sexuales. También llama la atención la presencia un menor de edad, arrestado en Barcelona, que había compartido 49 vídeos y nueve fotografías de niñas muy pequeñas en muy corto espacio de tiempo.
Los agentes acreditaron que los investigados ponían en común consejos para eludir su responsabilidad penal, evitando ser detectados e intercambiando información sobre canales que garantizaran al máximo su privacidad y seguridad. Utilizaban nomenclatura, contenido, códigos y jerga para no llamar la atención sobre el material que compartían.
Durante la investigación, también se identificó a dos colombianos, cuya información se trasladó a su país a través de Interpol para que actuasen de acuerdo a su legislación.
