Podrán ser sancionados fabricantes y distribuidores, por difundirlo, así como para pymes y autónomos que usen software no certificado, por lo que se esperan inspecciones de forma inminente, ya que la nueva normativa entrará en vigor el 11 de octubre
La Casa del TPV, como compañía especializada en terminales punto de venta y software de gestión para negocios, avisa a autónomos y pymes sobre las nuevas medidas para evitar el fraude fiscal en TPVs y software de contabilidad, que entran en vigor de forma inminente el próximo 11 de octubre.
Las diferentes administraciones se encuentran inmersas en un proceso de renovación y adaptación para conseguir obtener toda la información posible de las transacciones realizadas en bares, comercios y otros establecimientos, de cara a la tributación correcta y la transparencia en fiscalidad.
A pesar de que los pagos con tarjeta han aumentado notablemente en el último año y medio -entre otras cosas por la campaña higiénico-sanitaria de promoción de pagos contactless con motivo de la Covid-19-, la hacienda pública considera que los abonos en metálico posiblemente no se estén reflejando de forma correcta en la contabilidad de autónomos y empresas.
Por este motivo, en julio de 2021 se han incorporado nuevas disposiciones, en concreto un artículo que exige la certificación del software, también el que gestiona cada TPV como garantía de que la contabilidad no se puede alterar de ningún modo.
¿A quién afecta?
Esta nueva disposición va dirigida tanto a los fabricantes de software para TPVs y contabilidad, como para distribuidores o clientes que utilice la aplicación, es decir, el negocio que adquiere el programa de gestión de los pagos para su uso diario también puede ser sancionado. Esto implica que bares, tiendas, peluquerías, así como cualquier comercio en general, deben usar software certificado ante la Administración Pública, que garantice que no se pueden llevar contabilidades paralelas, alterar las cuentas y los pagos recibidos.
El nuevo artículo, publicado en el BOE Nº 164 del sábado 10 de julio de 2021, todavía requiere de un desarrollo reglamentario más amplio para que la normativa quede definida por completo, pero empresas desarrolladoras y distribuidoras deben abstenerse de fabricar o comercializar aplicaciones que permiten o faciliten, en principio de forma intencionada, la manipulación de los registros.
¿Existen multas? ¿De qué importe?
En caso de no cumplir con los nuevos preceptos legales existe sanción económica de diferente cuantía, en función de varios factores. Fabricantes y distribuidores se enfrentan a multas de hasta 150.000 por ejercicio en el que se haya comercializado la aplicación, a lo que se sumarían 1.000 euros por cada sistema vendido sin cumplir la norma.
En el caso de los negocios que tengan y utilicen software sin certificar, la multa ascendería a 50.000 euros, también por ejercicio. Por este motivo, es aconsejable que, si se tiene un software no certificado o se desconoce su naturaleza, se cambie lo antes posible ya que, si llega una inspección dentro de dos o tres años, la multa se multiplica.
Lógicamente, en ambos casos, las multas provienen tanto por la «no certificación» del software, como por la manipulación del mismo para burlar el control fiscal.
TicketBAI, una experiencia adelantada en el País Vasco
Al tener las competencias transferidas, la hacienda vasca va por delante en este tipo de control y dispone del programa TicketBAI, que controla los pagos en efectivo, generando un identificador único en cada transacción, que podrá ser verificado y controlado por el erario público de Euskadi.
Asimismo, el gobierno vasco ha realizado ya campañas informativas y ofrece ventajas para que los empresarios se sumen lo antes posible a estas buenas prácticas, que serán obligatorias a partir de enero de 2022.
Desde La Casa del TPV, tras la experiencia y asesoría en este tipo de cambios normativos, con el claro ejemplo de TicketBAI en 2021, recomienda diferentes soluciones con precios muy ajustados, pero según su gerente Miguel Fernández, gerente de la compañía “lo más importante es mantenerse actualizado con soluciones que dispongan de todas las garantías legales, porque a fin de cuentas es más rentable para autónomos y pymes evitar multas, recursos y defensa en procesos sancionadores, cuando estarán obligados a cumplir la normativa”.
Pero como desconocer la ley no exime de su cumplimiento, “desde La Casa del TPV estamos realizando esta campaña informativa, ya que no se observa ninguna acción de comunicación por parte del Gobierno al sector empresarial con el objetivo de divulgar la nueva reglamentación y promocionar las mejores prácticas”, concluye Fernández.
Fuente Comunicae
