La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha autorizado, en segunda fase, la fusión entre Funespaña y Santalucía, una operación que está sujeta al cumplimiento de una serie de compromisos, entre ellos, que Mapfre abandone su participación del 25% en la entidad resultante, según ha comunicado este viernes el supervisor.
En primer lugar, la CNMC afirma que la operación daría lugar al solapamiento de las partes en los municipios de Valdepeñas y Bilbao y a la sustitución de Funespaña «en muchos municipios».
Así, la entidad resultante de la alianza entre Funespaña y Santalucía daría lugar a una empresa «monopolista» en los mercados mayoristas de tanatorios en 157 municipios, de crematorio en 35 y de cementerio en 14.
Además, tendría «cuotas elevadas» en los mercados mayoristas de tanatorio en 217 municipios, de crematorio en 51 y de cementerio en 14.
La CNMC considera que la nueva entidad tendría «incentivo y capacidad para dificultar el acceso, endurecer las condiciones comerciales o deteriorar la calidad de los servicios prestados por la falta de competencia en estos municipios».
Por otro lado, el supervisor señala que esta fusión reforzaría la posición de Santalucía como aseguradora de decesos, al poder prestar los servicios intragrupo, con el riesgo de expulsión de competidores, ya que la nueva entidad tendría una mayor presencia en distintas zonas, según sostiene la CNMC.
Asimismo, el compromiso de Mapfre de contratar los servicios de la empresa resultante y su participación del 25% en el capital social de la nueva entidad también reforzaría la prestación intragrupo, «especialmente donde exista menos competencia».
La CNMC también detectó el riesgo de que los precios empeorasen o se expulsase a otras aseguradoras, «especialmente donde la entidad resultante quede en una situación de monopolio.
Por último, observó «posibles efectos coordinados» entre Santalucía y Mapfre en las distintas ramas de los mercados de seguros como consecuencia, «fundamentalmente», de la participación de Mapfre del 25% en la entidad resultante.
La CNMC indica que, en un primer momento, determinó que la operación suponía un «riesgo elevado» para la competencia, si bien finalmente la ha aprobado sujeta al cumplimiento de tres compromisos propuestos por Santa Lucía.
Dos de ellos se refieren a la libertad que tienen los allegados del fallecido para elegir funeraria cuando contactan con la aseguradora por primera vez, evitando así que sean automáticamente dirigidos a la funeraria perteneciente al grupo asegurador.
En cuanto al tercero, la CNMC ha indicado que Santalucía se ha comprometido a facilitar la entrada de un competidor en el municipio de Valdepeñas a fin de evitar la situación de monopolio. También desinvertirá activos y garantizará que la situación previa no empeora, según recoge el supervisor.
Además, el organismo ha impuesto varias condiciones a las partes, entre ellas, que Mapfre debe abandonar su participación del 25% en la entidad resultante, así como la cláusula del contrato entre socios por la que se compromete a contratar los servicios de la entidad resultante.
Por último, Mapfre no podrá realizar ningún nombramiento en la nueva entidad, mientras que Santa Lucía tendrá tres meses para facilitar la entrada de un competidor en Valdepeñas.
En 2019, Mapfre y Santalucía formalizaron una alianza estratégica para desarrollar conjuntamente sus negocios funerarios en España. En concreto, ambas compañías acordaron, en ese momento, que la nueva sociedad integrada por Funespaña (Mapfre) y Albia (Santalucía) estaría participada por Mapfre en un 25% y por Santalucía en un 75%.
Tras el anuncio del acuerdo, la CNMC acordó en febrero de 2020 analizarla operación en profundidad por los posibles efectos adversos para la competencia en el sector de servicios funerarios y de seguros de decesos.
En la nota remitida este viernes, el supervisor señala que, por primera vez en el mercado de una operación de concentración, realizó una inspección de las sedes domiciliarias de las empresas, llevada a cabo en septiembre de 2020.
En abril y mayo de 2021, la dirección de Competencia acordó acumular a este análisis los expedientes sobre la compra de la funeraria burgalesa Jordial por parte de Albia –de Santalucía– y la adquisición de Funeraria Juanals por el grupo Altima –participada conjuntamente por Albia y por Grup VFV.
Ahora, la CNMC indica que, con el paquete de compromisos y condiciones propuesto, aprueba la adquisición «de forma más transparente, sin intereses cruzados, y desaparecen, además, los riesgos de efectos coordinados en el mercado de seguro».
Por su parte, las dos compañías implicadas, Santalucía y Mapfre, han anunciado que analizarán las repercusiones y efectos de las condiciones señaladas por la CNMC en la autorización.
«Las entidades realizarán este análisis teniendo presente el interés existente en mejorar los servicios funerarios que vienen prestando en el mercado», según ha indicado Santalucía en una nota de prensa.
Además, ha afirmado que el resultado de la operación, en caso de llevarse a cabo con las condiciones establecidas por la CNMC, sería la creación de un «grupo líder» en el mercado funerario español con capilaridad directa e indirecta en el 100% del territorio y que prestaría más de 70.000 servicios funerarios.
