Plus Ultra Líneas Aéreas ha recibido con «perplejidad» la «ilógica solicitud» realizada por Vox al Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid de investigar una serie de vuelos realizados por la compañía al «no estar contemplados en el plan de viabilidad».
En un comunicado, la aerolínea ha señalado que «resulta del todo incomprensible que Vox oculte voluntariamente que el plan de viabilidad de la aerolínea española sí recoge la realización de vuelos chárter, por ser precisamente una de las líneas de negocio de la compañía».
«Tampoco se puede entender por qué Vox pone en cuestión de manera irracional los vuelos chárter en los trayectos Madrid-Delhi y Delhi-México, cuando ha sido público que gracias a estos vuelos la aerolínea trasladó a 200 estudiantes desde la India a México», ha añadido.
Además, ha explicado que la realización de vuelos chárter se ha convertido a raíz de la pandemia en «una práctica a la que muchas compañías están recurriendo cada vez más», por lo que han ganado mucha presencia en los planes de las aerolíneas.
Plus Ultra ha aclarado que estas operaciones están siendo informadas al Fondo Público gestionado por SEPI en el proceso de seguimiento de cumplimiento de las condiciones de la ayuda. Por tanto, «no solo no suponen una desviación patrimonial, como interesadamente se indica en el escrito de VOX, sino que sobre todo ayudan a cumplir las premisas económicas de nuestro plan».
Precisamente, esta misma semana la compañía ha emitido un comunicado en el que mostraba su «sorpresa» ante la solicitud realizada por el Partido Popular al juzgado para que se acordara la constitución de una hipoteca mobiliaria sobre la aeronave o aeronaves que pudiera tener en su activo la compañía, dado que no cuenta con aeronaves en propiedad.
Una vez más, Plus Ultra considera este movimiento como una estrategia llevada a cabo «para seguir utilizando la compañía como un arma arrojadiza en una batalla política» en la que nada tiene que ver, con el único objetivo de seguir generando «ruido mediático», con el resultado de daños «muy graves e injustos» a la reputación de la compañía, de sus empleados y de algunos de sus miembros y/o accionistas.
