El Gobierno ha comunicado a las comunidades autónomas el importe de las entregas a cuenta que recibirán el próximo año del sistema de financiación autonómica, que alcanza los 112.213 millones de euros, un 6,3% más que el año anterior.
«Las comunidades autónomas recibirán el próximo año las mayores entregas a cuenta de su historia», ha asegurado la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Política Fiscal y Financiera que se ha celebrado este miércoles.
Según ha informado Hacienda, Cataluña, Andalucía y la Comunidad de Madrid serán las CCAA que más recibirán del total de estas entregas a cuenta para el próximo año 2022. En concreto, Cataluña se llevará 21.057 millones de euros; Andalucía, 20.943 millones y Madrid, 15.755 millones.
Tras estas, se sitúan la Comunidad Valenciana (10.270 millones); Galicia (8.080 millones); Castilla y León (6.936 millones); Castilla-La Mancha (5.333 millones); Canarias (5.047 millones); Aragón (3.860 millones); Extremadura (3.315 millones); Murcia (3.412 millones); Asturias (2.924 millones); Baleares (2.148 millones); Cantabria (1.987 millones); La Rioja (1.071 millones); Ceuta (42 millones) y Melilla (34 millones).
Durante este Consejo, Montero también ha comunicado a las comunidades autónomas el reparto de los 13.486 millones de euros adicionales que se incluyeron en los Presupuestos Generales del Estado para 2021.
El dinero se distribuirá por el criterio de población ajustada, la opción que eligieron la mayoría de comunidades autónomas, y la mayor parte del desembolso se realizará en septiembre (70%) y el resto (30%) en noviembre, según ha detallado la ministra.
Según ha explicado Montero, durante la reunión algunas comunidades autónomas, como la Comunidad Valenciana, Andalucía o la Región de Murcia han pedido que parte de esos más de 13.000 millones (unos 2.200 millones) se destinen a un fondo aparte para comunidades ‘infrafinanciadas’, pero la gran parte del resto de consejeros «no han querido votar esta propuesta».
La ministra también ha adelantado a las comunidades autónomas que el próximo lunes, 2 de agosto, se celebrará la Conferencia Sectorial sobre los fondos europeos. Montero ha explicado que esta reunión es «más técnica que política» y no va a sustituir a la Conferencia de Presidentes, que también abordará el tema este viernes.
Montero ha pedido a las comunidades que, en la medida de lo posible, realicen una estrategia de consolidación fiscal a medio plazo, aunque estén suspendidas las reglas fiscales, para una vez superada la crisis ir reduciendo el nivel de déficit.
Al igual que en 2020 y 2021, la Comisión Europea ha propuesto que las reglas que limitan el déficit y la deuda públicos de los Estados miembros sigan suspendidas en 2022 y vuelvan a reactivarse en 2023, una vez que las economías europeas hayan recuperado su nivel de PIB anterior a la crisis provocada por la pandemia de coronavirus.
A pesar de la suspensión de las reglas fiscales, el Gobierno asegura que, a medida que las condiciones lo permitan, la política presupuestaria, que seguirá siendo expansiva el próximo año, se reorientará hacia posiciones fiscales «más prudentes» que reafirmen la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo. Por ello, para 2022 contempla «uno de los mayores descensos del déficit público», desde el 8,4% en 2021 al 5% en 2022.
Por subsectores, la Administración central seguirá asumiendo la mayor parte del déficit público y aglutinará el 6,3% del total este año y 3,9% el próximo, mientras que la tasa de referencia de déficit para las comunidades autónomas se sitúa en el 0,7% este año y en el 0,6% en 2022, y para los ayuntamientos será de equilibrio en ambos ejercicios. En el caso de la Seguridad Social, la tasa de referencia del déficit será del 1,5% este año y del 0,5% el siguiente.
La suspensión de las reglas fiscales, que tiene que ser aprobada por el Gobierno con el visto bueno de la Comisión Europea, está amparada por los artículos 135.4 de la Constitución y en el 11.3 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Montero ha anticipado que solicitará al Congreso de los Diputados que vuelva a certificar, tal y como hizo en octubre del año pasado, que aprecia la existencia de una situación de excepcionalidad que justifique la necesidad de suspender estas reglas de déficit y de deuda y legitime así la decisión del Gobierno, como exige la Constitución y la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
