Los accionistas minoritarios de Abengoa, cuyos títulos tienen sindicados en la plataforma AbengoaShares, han reclamado este viernes la presencia del Estado en el consejo de administración de la multinacional, por lo que expresan su apoyo a «la decisión que tome el Gobierno si es para crear valor y mantener los puestos de trabajo», ante el temor de que el fondo inversor Terramar, al que denominan «un fondo buitre americano», se haga con la multinacional.
«La SEPI no puede dar 249 millones de euros a un fondo buitre americano, para que al día siguiente de hacer la operación, se embolse el dinero que adelantó, y a continuación despiece la empresa vendiéndola a terceros», han argumentado los accionistas agrupados en AbengoaShares por medio de una nota.
«Sería un escándalo superior al de Plus Ultra, con más de 14.000 puestos de trabajo en riesgo de desaparecer», han proseguido argumentando.
Los minoritarios han reclamado la celebración de una Junta General Extraordinaria ante su convencimiento de que Terramar «es un fondo buitre americano», al tiempo que considera que su oferta «con la documentación disponible hoy, no es vinculante».
«El Gobierno ha de tomar parte en el proceso», han afirmado los accionistas agrupados en AbengoaShares, en su petición de que el Estado se siente en el Consejo de Administración de la multinacional con el argumento de que esto supondría «tutelar el buen uso y fin del dinero público que se invierta» al recordar su presencia en el accionariado de la multinacional con un 3% de su capital a través de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales).
Esa presencia del Estado que reclama AbengoaShares la hace extensiva a «todo el proceso de refinanciación» al estimar que «éste ha bordeado la legalidad en varias ocasiones», argumento que concretan en el hecho de que «Abengoa lleva sin presentar cuentas auditadas desde 2018 y ha utilizado toda clase de subterfugios para tratar de desvincular sus filiales de la matriz sin tener que aprobar tal decisión en junta de accionistas».
Con el convencimiento de que Terramar «es un fondo buitre americano», AbengoaShares asegura que «interviene en procesos de insolvencia para desguazar empresas», así como que se encuentra asociada a Sherman Financial Group, «una empresa de recobro de deudas con un reguero de denuncias a sus espaldas».
Las críticas de los accionistas minoritarios abarcan «la negligente gestión del consejo presidido por Juan Pablo López-Bravo», a la que atribuye que «dificulta la presentación de nuevas ofertas», así como le reprocha la firma de «unas millonarias comisiones de éxito para traspasar el poder, así como una cuantiosa indemnización para Terramar en caso de que su oferta no sea la seleccionada», por lo que concluye que «una parte del nuevo dinero aportado quedaría en el camino para pagar al fondo buitre y al Consejo, un hecho deleznable».
La sindicatura de accionistas de Abengoa ha solicitado la convocatoria de una Junta General Extraordinaria, de la que ha reconocido que «el plazo legal para convocarse ya ha pasado, por lo que se está vulnerando la Ley de Sociedades».
Abengoashares ha exigido al representante del administrador concursal EY, Guillermo Ramos, que convoque esa junta extraordinaria y la ordinaria, «que debió celebrarse obligatoriamente hace más de un año», así como le ha demandado que exija a Terramar que «presente su oferta de manera vinculante a través de la CNMV y que se avenga a negociar de una vez con los accionistas, pues somos parte de la solución y no del problema».
Los accionistas sindicatos en la plataforma Abengoashares han reivindicado que «seguimos totalmente cohesionados como sindicatura, trabajando, y no existen disputas accionariales», mientras que ha estimado que «el actual consejo de Abengoa no representa a ningún accionista».
AbengoaShares esgrimen que «seguimos aglutinando más del 20% del capital social», por lo que, a su juicio, «nos convierte en el principal accionista mayoritario y en el dueño legítimo de la empresa».
Los accionistas sindicados han precisado sobre la figura de los acreedores que éstos «tendrían que capitalizar deuda, teniendo que desembolsar alrededor de 450 millones de euros».
