Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá este viernes desde las 10.00 horas ante el juez instructor Juan Carlos Peinado, quien la investiga por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
Esta citación ha sido objeto de varios recursos por parte de la defensa de Gómez, dirigida por el exministro Antonio Camacho, y por parte de la Fiscalía. Ambos entendían que, tras la decisión de la Fiscalía Europea de quedarse con la parte de la causa relativa a adjudicaciones de Red.es a una sociedad del empresario Juan Carlos Barrabés –que contaba con cartas de recomendación de Gómez–, el juez debía especificar qué hechos mantenían viva la investigación.
Peinado, en un auto firmado esta misma semana, respondía a esas dudas señalando que investiga «todos los actos, conductas y comportamientos» llevados a cabo por Begoña Gómez «desde que su esposo es el presidente del Gobierno que se contienen en la denuncia inicial» presentada por el sindicato Manos Limpias, en relación con sus presuntos vínculos con Barrabés y los contratos con éste que no han quedado en manos de la Fiscalía Europea.
El juez no daba mayor detalle de esos contratos a los que aludía en su auto, pero sumaba además que también se debían tener en cuenta los hechos incluidos en la querella que presentó con posterioridad ‘Hazte Oír’ –aunque tampoco los detallaba–.
Además, Peinado indicaba en su último auto que no tenía obligación de informar a la defensa antes de tomarle declaración como investigada. Este viernes, Begoña Gómez podrá acogerse a su derecho a no declarar, contestar solo a las preguntas de su letrado o responder al juez y al resto de partes del procedimiento; es decir, Fiscalía y la acusación popular que dirige Vox en representación también de Manos Limpias, Hazte Oír, Movimiento de Regeneración Política de España, Iustitia Europa.
El juez ha accedido a que todas las acusaciones populares estén presentes en el interrogatorio, pero ha insistido en que Vox será la única que podrá tomar la palabra. Está previsto que tras la declaración de Gómez comparezca como testigo el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, a las 13.00 horas.
MANOS LIMPIAS SEÑALA LOS CONTRATOS CON BARRABÉS
Ocurra lo que ocurra, lo evidente es que sobre la mesa del juez puede haber hasta tres escritos que giren en torno a la figura y posibles actividades de la esposa de Pedro Sánchez: la denuncia transformada en querella de Manos Limpias, la querella de Hazte Oír –que contó con una ampliación– y una tercera querella de Vox que, de momento, se desconoce si por reparto ha caído en otro juzgado distinto al suyo.
En la denuncia que provocó la apertura de la causa, Manos Limpias, el sindicato dirigido por Miguel Bernad, se acusaba a Gómez de actuar «prevaliéndose de su estatus personal» como esposa del presidente del Gobierno: «Ha venido recomendando o avalando por carta de recomendación con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas».
Desde el sindicato aseguraban que uno de los empresarios «beneficiados por esas recomendaciones o avales» de Gómez es Barrabés, y que al mismo se le habrían adjudicado licitaciones públicas por valor de 10 millones de euros. «Este empresario además montó el Máster de Transformación Social Competitiva de la denunciada», sostenía la denuncia, que añadía que la cátedra de Begoña Gómez fichó además como profesor asociado a ese empresario.
Por otro lado, apuntaba que Víctor de Aldama, quien está investigado por la Audiencia Nacional como presunto conseguidor del ‘caso Koldo’, era el contacto de Begoña Gómez en Globalia y ganó 6,67 millones antes de que se negociara «el rescate (…) de la compañía».
A esto sumaba que Air Europa «pactó pagar 40.000 euros al año al África Center de la denunciada» y que el acuerdo de Globalia y el Instituto de Empresa incluía la entrega de 15.000 euros al año en vuelos de primera clase para Begoña Gómez y su equipo.
HAZTE OÍR APUNTA A LOS «VÍNCULOS» CON GLOBALIA
El 29 de mayo, al tiempo que la Audiencia Provincial de Madrid avalaba la investigación del juez –si bien acotaba que se debía centrar en los contratos públicos con los que se hizo Barrabés–, la plataforma Hazte Oír presentaba una nueva querella contra Gómez.
La asociación atribuye a la esposa del presidente un presunto delito de tráfico de influencias al asegurar que «las empresas que de algún modo han tenido relación o vínculo» con Gómez desde que Sánchez fue nombrado presidente del Gobierno «han mejorado su facturación, alguna casi en un 4.000%».
Hazte Oír subraya que Gómez «ha comparecido en distintos foros y eventos empresariales, en ocasiones junto a altos cargos del Gobierno», y ha «realizado viajes oficiales en acompañamiento de su esposo, a lugares en los que ella tenía sus propios intereses laborales/profesionales/comerciales».
En su escrito, la asociación pone el foco en un «contrato de adjudicación directa concedido por el Gobierno de Sánchez a Inmark Europa, de la que es accionista Begoña Gómez». Destaca también la «relación» de la investigada con el Grupo Globalia y los rescates del Ejecutivo a diversas empresas del Grupo. Y añade «las reuniones» en las que «se presenta como esposa del presidente».
Asimismo, Hazte Oír denuncia que la Universidad Complutense de Madrid «contrató el desarrollo de una web para captar datos de potenciales clientes bajo la marca Transforma TSC»,de la que Gómez es administradora única, según la querella.
VOX PONE EL FOCO EL SOFTWARE PATENTADO CUANDO ESTABA EN LA UCM
Vox, por su parte, presentó una querella contra Gómez por un presunto delito de tráfico de influencias relacionado con el software que patentó en el marco del máster de la Universidad Complutense de Madrid que codirigía.
La formación sostiene que Gómez «prevaliéndose de su estatus personal de esposa del presidente del Gobierno y de su condición privilegiada en la UCM (…) habría desarrollado un software para empresas a través de recursos de naturaleza pública; cuando las empresas Telefónica, Google e Indra, esta última participada en un 28% por la SEPI, declinaron la continuación del proyecto software de la querellada».
Señala además que la esposa del presidente del Gobierno, tras conseguir el correspondiente registro de la patente, «utilizó el canal de contratación de la UCM para lograr la financiación restante para la finalización de dicho aplicativo».
Vox considera que «existen pruebas» que acreditan «la dudosa adecuación a la legalidad de la creación y desarrollo de la cátedra analizada» y «la utilización de esta cátedra para fines espurios propios y personales».
El partido asegura que desde la cátedra, «y por tanto con fondos públicos», se «ha hecho provecho de los contactos, visibilidad e intervenciones desde un ámbito institucional como la Universidad Complutense para facilitar de forma subrepticia la actividad empresarial, encubierta y propia de la sociedad de la querellada».
