La crisis inmobiliaria de los años 2007-08 provocó que muchas familias se quedaran sin vivienda. Las compraban por anticipado, quebraban las promotoras y se despedían de ellas. En este contexto, 400 familias acudieron al despacho de David Fernández y Juan Álvarez para que les defendiera. Fue la primera demanda masiva que precedió a otras como las relacionadas con Bankia, las cláusulas suelo o más recientemente cárteles como la leche. Y vencieron. Recurrieron contra la aseguradora y acabaron recuperando 40 millones de euros para los clientes. Con lo que ganó, Fernández reinvirtió en una empresa de servicios jurídicos que posteriormente vendió.
Después de aquello estuvo dos años viajando, pero la semilla de su nuevo negocio ya estaba germinando. Veía cómo en España se abría un nuevo mercado, el de las demandas masivas, que ya estaba muy desarrollado en Estados Unidos, Australia o el Reino Unido, un país que “nos lleva diez o quince años de ventaja”.
Fernández viajó, conoció formas de gestionarlo y a la vuelta creó ESKARIAM (eskaria es demanda en vasco) con el equipo directivo jurídico de la última firma en la que estuvo. Vieron un enorme océano azul en el que apenas habían intentado entrar despachos como Arriaga o Reclamador, y se lanzaron a por él con varias premisas básicas. La primera era romper la clásica estructura piramidal de los despachos y su mentalidad jurídica tradicional. Su estructura sería transversal, una matriz con dos ecosistemas: uno de gestión, con los directores de producto o product manager (antiguos socios) liderando los casos y trabajando conjuntamente con los departamentos de finanzas, marketing, tecnología, procesos, comercial y legal, con una gran apuesta por la tecnología y el trabajo eficiente y dinámico, y otro de producción donde la metodología PMP domina el proceso. La segunda premisa básica es su regla de las tres puertas: para aceptar un caso debe tener más de un 85% de viabilidad jurídica (puerta jurídica), más de 10.000 afectados (puerta de mercado) y un ticket neto de entre 5.000 y 10.000 euros por afectado (puerta financiera).
La filosofía implica renunciar a determinados litigios. No aceptan los de aerolíneas, por ejemplo, porque tienen un ticket neto muy bajo. Tampoco los del Covid, porque no creen en la responsabilidad patrimonial del Estado y la duda ante la viabilidad jurídica amenazaría su viabilidad económica: parte de su negocio consiste en asumir los costes para dar confianza a los clientes. Solo cogen casos que saben que van a ganar con alta probabilidad
El nuevo mercado implica disponer de programas informáticos que permitan gestionar con agilidad gran cantidad de documentos. También trabajar de modo dinámico, algo que practican con la metodología Agile. En la actualidad son veinte personas. Facturan 1,5 millones de euros, pero su cartera, los honorarios pendientes de facturar ya gestionados por la plataforma, ascienden a más de 140 millones.
Fernández es consciente de que al mercado le queda mucho por evolucionar: “Los americanos, ingleses o australianos acuden a unas entidades (CMC) que les facilitan clientes de calidad para sus casos. Nosotros tenemos que captarlos en el mercado. También hay empresas de tecnología que modelizan y parametrizan el software de gestión de los casos. Aquí aún no han llegado, pero lo harán en 4, 5 ó 6 años”. De todos modos, como ocurre con cualquier negocio emergente, los beneficios son muy altos: el margen bruto está en el 60%.
Mientras el mercado se desarrolla, ESKARIAM va dando sus pasos. Como se explicaba anteriormente, la compañía asume por adelantado los costes de los casos para demostrar a los clientes su convencimiento de que van a ganar y que así les contraten. Es algo que aprendieron de los despachos especializados de Estados Unidos, Reino Unido y Australia. Este modelo de negocio exige de una estrategia especializada especialmente arriesgada cuando las demandas son de muchos afectados y la cantidad que hay que financiar es muy alta. Por eso ESKARIAM no ha visto la oportunidad de lanzarse a por un gran caso hasta que el curso pasado entró en su accionariado la firma de capital riesgo MOIRA CAPITAL PARTNERS. Ese primer gran caso ha sido el del cártel de la leche, y para él ha tenido que acudir además a un despacho americano especializado, HAUSFELD, que le ayuda a financiarlo.
El caso arrancó en el año 2011 al presentarse ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) una denuncia por conductas anticompetitivas de las principales industrias lácteas. Fueron multadas, pero recurrieron y no volvieron a ser sancionadas hasta julio de 2019. Entre medias, los ganaderos sufrieron los efectos de la cuota láctea europea. Las explotaciones ganaderas han descendido de 52.000 a 12.000 entre el año 2000 y la actualidad.
La nueva sentencia interesaba a ESKARIAM, pero los seis-ocho años de reclamaciones que llevaría aparejada implicaban una financiación que no estaban seguros de poder afrontar. Por este motivo recurrieron a Hausfeld, que aceptó encantado participar en el caso.
ESKARIAM contrató también a Compass Lexecon, una de las principales consultoras del mundo especializadas en peritaje. En su equipo está el español Miguel de la Mano, que trabajó en la Comisión Europea y está especializado en fórmulas de determinación de daños de los cárteles. Estimó que en el caso del cártel de la leche los daños estimados que los ganaderos pueden reclamar se sitúan en el 10% de su facturación: unos 300.000 euros cada uno; una cifra muy elevada. Los ganaderos, además, cuentan con la ventaja de que la normativa sobre reclamación a los cárteles cambió a su favor en 2017. Hasta entonces, si estimaban que habían sido víctimas de uno de ellos, debían ir a un juzgado y demostrar la existencia de ese cártel, algo prácticamente imposible para ellos. Desde 2017, si una autoridad administrativa ha demostrado ya la existencia de ese cártel, tan solo han de ir al juzgado a reclamar su indemnización.
ESKARIAM realizó su campaña de captación de clientes en Galicia, Castilla y León y Asturias entre mayo y julio de 2020. Fue un éxito pleno: consiguieron 2.000 clientes en dos meses. El volumen de reclamaciones supone unos 1.000 millones de euros, uno de los más grandes de Europa. La industria láctea ha vuelto a recurrir y la sentencia se dictará probablemente a final de año. Será entonces cuando ESKARIAM verá si ha podido dar otra brazada más en su inmenso océano azul. Mientras tanto, la compañía sigue recibiendo ofertas para gestionar casos. Al cierre de este artículo (principios de mayo) tenía sobre la mesa una propuesta importante para, en este caso, defender a la Administración.
