La medida de limitar los precios del alquiler de vivienda restringe la oferta en el mercado, encarece los precios y es innecesaria, además de inoportuna, debido a la actual evolución del mercado en el que existe una tendencia de descenso de los precios. Por el contrario, sobre esta medida debe prevalecer con rotundidad el planteamiento del Gobierno de aumentar el presupuesto para fortalecer el parque social de vivienda en todo el territorio nacional, ya que así se facilitará su acceso. Así lo explican los expertos del Consejo General de COAPI de España, del Colegio Oficial y Asociación de Agencias y Agentes Inmobiliarios de Madrid (COAPIMADRID – AIM) y del COAPI de Barcelona, que participan en el Salón Inmobiliario SIMA, que se celebra en Madrid.
Los profesionales analizan la situación actual del mercado inmobiliario y las medidas actualmente en debate en el seno del Gobierno sobre la futura Ley de Vivienda junto con el anuncio de las dotaciones presupuestarias para promover vivienda social.
Según explica Montserrat Junyent, asesora jurídica del Consejo General de COAPI de España y del Coapi de Barcelona, “una ley de contención de rentas no es la solución para la necesidad habitacional de los colectivos más vulnerables, ya que se trata de una medida que se ha comprobado que no funciona en otros países y que, incluso, la realidad actual del mercado la hace innecesaria porque ya está descendiendo el precio de los alquileres en algunas zonas, como Madrid”.
Este planteamiento “limita la oferta y encarece los precios”, por lo que propone analizar la situación actual en la que “nos encontramos con que no hay un parque social de viviendas suficiente para dar cobertura al derecho a la vivienda”. Por este motivo, precisa, “el anuncio del Gobierno de dotar más presupuesto para aumentar este parque social es esperanzador, ya que de lo que se trata es de introducir medidas que no penalicen ni sean coercitivas, como está sucediendo en Cataluña”. Lo adecuado, puntualiza, sería que “mientras avance el crecimiento de la vivienda social con las dotaciones presupuestarias, el mercado no se intervenga y se concedan ayudas directas que proporcionen liquidez a las familias para cubrir la necesidad de la vivienda”.
La limitación del precio de los alquileres, apunta José Merino, asesor jurídico del Consejo General de COAPI de España y de COAPIMADRID – AIM, es una medida “rechazable” porque “supone una vulneración del derecho a la propiedad privada contemplado en el artículo 33 de la Constitución Española”. Su aplicación “estimularía el mercado negro y haría florecer la economía sumergida produciendo el efecto contrario al deseado, puesto que lo que debería hacer la Administración central es generar un parque público de vivienda en lugar de penalizar al sector privado con límites a los precios de alquiler y a las viviendas vacías que no se alquilan”.
La situación actual del mercado, precisa, es que “se está autorregulando por la evolución de la pandemia, ya que están descendiendo los precios; por ello, es el peor momento para una intervención pública sobre los precios de vivienda”.
