El Gobierno ha defendido la rebaja del IVA en alimentos básicos, pastas y aceites, una medida que se prolongará hasta junio de 2024 y en la que no se ha detectado, según el Ejecutivo, «ninguna anomalía» que sugiera «falta de traslación» al precio final de los productos.
Mediante una respuesta parlamentaria a la que ha accedido Europa Press, el Gobierno explica que desde el pasado mes de enero, cuando se puso en marcha la rebaja fiscal, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha realizado un análisis de seguimiento del precio de alimentos en el país.
El análisis ha consistido en un seguimiento de precios diarios de más de 15.000 referencias de los principales operadores en España del sector de comercio minorista, detalle el Ejecutivo, que indica además que estos registros se han validado con datos mensuales de la cesta del Índice de Precios de Consumo (IPC) del Instituto Nacional de Estadística (INE).
La medida se basa en la supresión del IVA del 4% que se aplica a todos los alimentos de primera necesidad (pan, harina, leche, queso, huevos, etc.) y de la rebaja del 10% al 5% del aceite y la pasta.
Esta ha originado críticas a favor y en contra desde el ámbito de los consumidores y los supermercados. Por ejemplo, la Asociación de Empresas del Gran Consumo (Aecoc) celebró recientemente la extensión hasta 2024 de la medida, ya que la consideran «eficaz a la hora de controlar la inflación», pero también lamentó que se aparcara de esta rebaja tributaria a las carnes y los pescados.
Sin embargo, la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) advirtió a finales de octubre que la inflación «pulveriza» el IVA bonificado. «La cesta de la compra ya es hoy más cara que en diciembre», indicaba el organismo. Entre los productos que más se había encarecido estaba el aceite de oliva virgen, que pasó de 6,12 euros el litro en diciembre de 2022 a 9,25 euros por litro en octubre de 2023.
En términos de recaudación tributaria, la extensión de la medida hasta junio de 2024 supondrá una merma total de más de 2.500 millones de euros para las arcas públicas desde que se puso en marcha la medida, el 1 de enero de 2023.
Entre enero y septiembre, el menor tipo impositivo en los alimentos ha supuesto una menor recaudación de 1.294 millones de euros, según datos de la Agencia Tributaria. Esto implica que hasta final de año la medida supondrá una caída recaudatoria de unos 1.725 millones, una cifra que ascendería a más de 2.500 millones en junio de 2024.
