La nueva Ley de Vivienda 2023, aprobada definitivamente el pasado 26 de mayo, tiene como principal objetivo ordenar el mercado inmobiliario respecto al desajuste entre la oferta y la demanda de alquileres, además de incluir medidas de ayuda para el acceso a la vivienda y para la regulación de desahucios, entre otras novedades. En este contexto, las personas que requieran asesoramiento acerca de esta normativa, pueden solicitarlo accediendo a la página web de DiG Abogados, despacho formado por un equipo multidisciplinar de profesionales especializados en derecho inmobiliario.
Si bien la nueva Ley de Vivienda fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el jueves 25 de mayo de 2023 y su entrada en vigor se produjo al día siguiente, existen algunas medidas fiscales incluidas en la normativa que tendrán vigencia a partir del 1 de enero de 2024. De este modo, entre las principales claves del nuevo ordenamiento es posible mencionar la definición de grandes tenedores, es decir aquellas personas física o jurídica que posean más de 10 inmuebles de uso residencial o que tengan una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados.
A su vez, cada Comunidad Autónoma tendrá la potestad de declarar «zona tensionada» en el caso de que el coste medio de la hipoteca o del alquiler, más los gastos y suministros básicos, supere el 30 % de la renta media de los hogares. De la misma manera, entran bajo este concepto las zonas donde el precio de compra o alquiler de la vivienda hayan aumentado al menos el 3% por encima del Índice de Precios al Consumo (IPC) en los 5 años anteriores.
Uno de los aspectos más importantes contemplados en la nueva Ley de Vivienda 2023 son los relacionados con la regulación de los alquileres. A este respecto, las actualizaciones de la renta ya no estarán vinculadas al IPC a partir de enero de 2024, sino que se aprobará un nuevo índice a tal efecto. Por su parte, para los contratos que cumplan su anualidad entre el 26 de mayo y el 31 de diciembre de 2023, el incremento del alquiler será decidido mediante un pacto entre las partes, aunque no podrá superar el 2% de lo establecido por el Índice de Garantía de Competitividad.
Por otro lado, el aumento de la renta no podrá ser mayor al 3% para los contratos que cumplan su anualidad entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2024, mientras que en zonas tensionadas se establece una nueva regulación del precio del alquiler cuando se firme un nuevo contrato de arrendamiento de vivienda habitual.
Por lo tanto, las personas que deseen informarse en profundidad sobre la nueva Ley de Vivienda y conocer todas sus modificaciones, pueden solicitar el asesoramiento de los expertos del despacho de abogados con más de 50 años de trayectoria DiG Abogados, quienes se encargarán de brindar una atención personalizada para resolver todas las dudas de sus clientes.
