Cuando el argentino Tomás Ojea Quintana asumió en 2016 el reto de observar los Derechos Humanos en Corea del Norte, ya sabía que la tarea era complicada. Cinco años después, este relator de la ONU reconoce que en todo este tiempo solo ha mantenido una reunión «extraoficial» con el régimen de Kim Jong Un y apunta que fue entonces cuando se le planteó una disyuntiva en la que debía decidir si estaba dispuesto a «decir lo que tenía que decir» públicamente.
Corea del Norte ha sido tradicionalmente un país blindado al ojo externo, algo que se ha agravado aún más desde el cierre fronterizo decretado en 2020 con motivo de la pandemia de COVID-19. Pyongyang no ha reconocido aún ningún caso de coronavirus, pero sigue igualmente cerrado y se ha complicado la labor de las pocas organizaciones internacionales que trabajan dentro de las fronteras norcoreanas.
Ojea Quintana, un jurista con experiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), representante entre otros de las Abuelas de la Plaza de Mayo y antiguo relator para Birmania, explica en una entrevista a Europa Press que a día de hoy es «muy, muy difícil» llegar a conclusiones claras sobre lo que está pasando dentro de Corea del Norte.
Esto supone «un serio problema», en la medida en que han descendido incluso los testimonios de los conocidos como ‘desertores’, ciudadanos que escapan de Corea del Norte principalmente hacia el Sur –en 2020 hubo menos de dos centenares de casos–. Entrar también se antoja complicado, a pesar de que la visita a terreno es uno de los «instrumentos críticos» para la labor de cualquier relator.
Ojea Quintana, que en 2022 se verá obligado a dejar el cargo al haber cubierto los seis años límite, ha solicitado este acceso en reiteradas ocasiones y no lo ha conseguido. «No creo que vaya a ocurrir y menos en estas condiciones de aislamiento», asume, señalando sin embargo que ahora su estrategia también es otra a la que tenía cuando comenzó en el actual cargo.
El relator «categórico» que pedía acceso en 2016 sigue teniendo la misma «intención», pero parece ahora convencido de que la visita no llegará, entre otras razones porque durante estos cinco años el contacto más claro que pudo lograr fue un encuentro «extraoficial» en un país de la región con dos funcionarios «importantes» del Gobierno de Kim Jong Un.
Un informe publicado en septiembre de 2017 da cuenta de estos «contactos oficiosos» con funcionarios de Corea del Norte, «con el apoyo de una amplia red de organizaciones regionales e internacionales de la sociedad civil» de las que planteó servirse «como punto de partida para la cooperación oficial».
Ojea Quintana confirma una «extensa reunión» en un hotel, de «toda una tarde intercambiando opiniones». Aunque no quiere entrar en detalles, sí apunta que dicho encuentro, facilitado por «una organización humanitaria que tenía trabajo en Corea del Norte», fue posible porque así lo decidió «la autoridad máxima».
«En retrospectiva», el jurista argentino considera que tuvo entonces ante él «una decisión importante», según la cual debía decidir si quería «renunciar a ejercer un rol como relator dispuesto a decir las cosas que tenía que decir respecto a las violaciones de Derechos Humanos» o mostrarse menos combativo «con miras a lograr ingresar al país».
Sin embargo, evita dar por hecho que, si sus informes posteriores hubiesen sido menos críticos con las autoridades norcoreanas, habría logrado acceso y también matiza que no hubo una «petición expresa» por parte de esos funcionarios, que sí se esforzaron por ejemplo por justificar la industria nuclear de Corea del Norte o denunciar los «fabricados» informes sobre Derechos Humanos.
UNA PARÁLISIS QUE DURA DÉCADAS
Los contactos se rompieron a partir de la mencionada reunión. Ni siquiera ha habido un mínimo diálogo diplomático, al igual que tampoco los grandes actores políticos han logrado resolver una situación que permanece enquistada desde hace décadas, con un Kim Jong Un igual de recluido y desafiante que su padre y su abuelo.
La «máxima presión» basada en sanciones no ha funcionado, a juicio de Ojea Quintana, en cuya opinión no cabe «esperar que haya un colapso del sistema» y es preferible buscar canales de diálogo. No solo entre las dos Coreas, que aún tienen pendiente firmar un tratado de paz, sino que también entrarían en juego otros actores.
El relator cree que el acercamiento emprendido por Donald Trump fue «correcto», pero «su error fue la metodología», ya que «debería haberse hecho un trabajo en equipo», algo «parecido» quizás a lo que se intentó en su día con las conversaciones a seis bandas –también estaban Corea del Sur, China, Japón y Rusia– o recurriendo a una ONU que se muestra «lista para participar».
Para Ojea Quintana, «es lamentable que los intereses geopolíticos de todas las partes impidan avanzar a un acuerdo de solución sobre problemas que en lo esencial no son complejos» y que permanecerían lastrados por «intereses geopolíticos». «Parece ser que el ‘statu quo’ en última instancia está en el interés de los actores más importantes», ha dicho, en alusión a una posición que no es pública pero que los gobiernos sí estarían planteando «por debajo de la mesa».
UNA POBLACIÓN «PREPARADA PARA SUFRIR»
Esta parálisis «afecta de una manera dramática y profunda los Derechos Humanos» en Corea del Norte, un país que «necesita desarrollo de forma urgente». Kim reconoció la semana pasada que llegan tiempos «difíciles», con una alusión al término ‘Ardua Marcha’ que se ha utilizado en momentos clave como la hambruna de los noventa.
Estos avisos, según los cuales «la gente tiene que estar preparada para sufrir», señala Ojea Quintana, son difíciles de interpretar en la práctica pero evidencian estas carencias. El relator no cree que se repita el escenario dramático de los noventa, pero sí percibe que «están pasando cosas dentro de Corea del Norte».
La «doctrina del autobastecimiento y de la autonomía absoluta» no funciona por ahora, insiste el relator, con problemas de escasez que se han agudizado especialmente fuera de los principales centros de población y que se han agravado en algunas áreas azotadas por los desastres naturales de 2020.
No habrá un levantamiento social –«ni mucho menos», apostilla el relator– en un país que castiga cualquier atisbo de disidencia. De hecho, Ojea Quintana opina que «lo más preocupante» siguen siendo los campos de prisioneros, unos lugares sujetos a una «política de ocultamiento» y que funcionan como una «espada de Damocles» sobre el conjunto de la ciudadanía.
Todos los refugiados con los que ha podido hablar el experto argentino saben de la existencia de estos campos, lo que demuestra la conciencia que tiene el norcoreano de a pie sobre un sistema que no hace sino infundir «terror». «Están completamente fuera de cualquier control», agrega.
De cara al futuro, Ojea Quintana confía en visitar varios países donde pueda investigar cuestiones relativas a Corea del Norte o recabar testimonios, así como seguir estudiando iniciativas que, a nivel internacional, puedan depurar responsabilidades por delitos graves, algunos incluso englobados en la categoría de crímenes contra la humanidad.
También ve como «una oportunidad» la entrada de las vacunas contra el coronavirus en Corea del Norte, dado que el país se ha suscrito al mecanismo COVAX impulsado por la ONU. Aún está por ver la forma en que la comunidad internacional podrá supervisar el reparto de estas vacunas, cuya selección de beneficiarios recae exclusivamente en el Gobierno norcoreano.