La represión ejercida por la junta militar que gobierna Birmania desde el golpe de Estado del 1 de febrero ha sumido a la sociedad civil en un «miedo constante», por temor a ser víctima de unos abusos que la ONU ya equipara incluso a crímenes contra la humanidad.
La Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP) de Birmania intenta arrojar luz a una situación en la que se complica la obtención de información, con los servicios de telecomunicaciones bloqueados y persecuciones evidentes contra activistas o personalidades públicas que denuncien la situación a través de Internet.
La organización tiene su sede en Tailandia, donde nació impulsada por un grupo de antiguos presos políticos con el objetivo de denunciar la persecución ejercida durante la anterior dictadura contra quienes discrepaban de la línea oficial. Aung San Suu Kyi, premio Nobel de la Paz y principal rostro del Gobierno en la fallida transición, fue durante años la presa más reconocible a nivel mundial.
En los últimos dos meses, sin embargo, la AAPP pone cifras a la represión de la junta, que acumula más de 700 muertos y más de 3.000 detenidos o condenados –según sus propios datos–. Fuentes de la asociación explican a Europa Press que solo incluyen en sus balances casos que «han sido verificados e identificados», por lo que habría «muchos más».
«Durante más de dos meses, la junta ha ordenado un apagón nocturno de Internet, que se suma a bloqueos de los datos móviles, del Wi-Fi público y de los servicios de banda ancha sin cables», aseguran estas fuentes, que consideran que existe una táctica premeditada «para que los civiles no puedan compartir las atrocidades».
«La situación para la sociedad civil dentro del país es peligrosa», admiten, al hablar de un escenario donde «la gente vive con el miedo constante a los arrestos, la tortura y la muerte».
Pese a la represión, las protestas no cesan y, por tanto, tampoco lo hace la tensión en la calle. La AAPP señala que «la situación ha alcanzado niveles sin precedentes», con una «rápida escalada» de las tensiones que inicialmente tuvo como víctimas a la Liga Nacional para la Democracia (LND) de Suu Kyi, después de los trabajadores en huelga y «luego a todos los demás».
Temen que, a este ritmo, Birmania se convierta «en un Estado fallido», no solo por el «conflicto» en sí, sino también por todo lo que ello conlleva. En este sentido, señalan que «el sistema bancario está paralizado, las cadenas de suministro rotas, la falta de comida acecha y el sistema sanitario ha colapsado».
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU denunció a mediados de marzo un alza del precio de los alimentos, apuntando que el repunte –que ya entonces superaba el 20 por ciento en el caso de algunos productos básicos– podía mermar la capacidad de los colectivos más vulnerables para obtener a corto plazo bienes de primera necesidad.
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, afirmó esta semana que «hay parecidos claros con Siria en 2011», alertando de un posible conflicto armado de resultado incierto, ya que algunos grupos civiles ya habrían comenzado a armarse con equipos precarios para tratar de hacer frente a la desbocada acción militar.
Bachelet recordó lo «desastroso» que fue en su día para Siria «el fallo de la comunidad internacional», por lo que planteó una «presión concertada» que contemple el corte del suministro de armas y fondos a la junta militar. El Gobierno de Estados Unidos ha incluido en su lista negra la empresa estatal que explota las piedras preciosas, vinculada a las Fuerzas Armadas.
Las fuentes de la AAPP consultadas plantean «la estrategia ‘Tres Cortes'» contra la junta: «cortar armas, cortar dinero y cortar impunidad». Este triple enfoque, añaden, «deslegitima el mandato de la junta, le priva de los materiales que necesita para su terrorismo y le hace responsable de sus acciones».
