El 3 de junio de 2021 fue publicada en el BOE la nueva Ley de Incapacitación que adecúa el Código Civil a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y afecta algunas normas relacionadas con la incapacitación judicial.
Según lo establecido en la nueva ley, solo un juez puede establecer la incapacidad y las medidas de apoyo necesarias para el supuesto incapacitado. De la misma manera, la obtención de una sentencia judicial que reconozca la incapacidad y establezca las medidas de protección adecuadas para la persona incapacitada es un proceso que requiere una documentación detallada y el asesoramiento legal oportuno. En ese sentido, Dabogados, D. David Gómez González (socio-fundador) y D. ª María Tena Fernández (socia) la firma especialista en Derecho Civil, ofrece su apoyo y mediación en casos de garantías civiles.
La ley 8/2021 que entró en vigencia el 3 de septiembre establece que todas las personas con discapacidad deben gozar del ejercicio de sus aptitudes. La nueva ley de incapacitación tiene como objetivo principal la protección y garantía de los derechos de las personas con discapacidad. La medida legal de incapacitación atiende a la protección de quienes han perdido total o parcialmente su capacidad jurídica y propone medidas de apoyo para complementar esta capacidad cuando sea necesario. En cuanto a las causas para incapacitar a una persona, según el Código Civil, son todas las enfermedades o deficiencias persistentes que impiden que una persona se gobierne por sí misma. Es importante fundamentar convenientemente la solicitud de incapacitación y demostrar la capacidad dañada por un profesional. Algunas enfermedades y trastornos que más frecuentemente incapacitan a una persona son la esquizofrenia, paranoia, psicosis, toxicomanías, Alzheimer, demencia senil y enfermedades del espectro autista. La incapacitación es conveniente cuando se perciben actitudes que expongan a riesgos en la vida, bienestar o patrimonio de la persona.
La palabra de un médico no es suficiente para comprobar la incapacidad de una persona. Es necesario que exista una sentencia judicial que lo reconozca. En ese marco, para iniciar el proceso judicial que culmine en la sentencia que reconozca la incapacidad, el solicitante debe enviar una nota y documentación al Juez de Primera Instancia del lugar de residencia del supuesto incapacitado. Además, es fundamental documentar la enfermedad o el trastorno que afecta al discapacitado con informes técnicos. En la sentencia, el juez establecerá la incapacidad y las medidas de apoyo necesarias. Asimismo, en los informes técnicos es esencial explicar el impacto de la enfermedad o trastorno en la vida y autonomía del afectado, ya que la incapacidad se traduce en la necesidad de apoyo para el ejercicio de los derechos y la capacidad jurídica. Las medidas de apoyo establecidas por el juez obtuvieron estas limitaciones, por lo que es esencial contar con el asesoramiento de abogados especialistas para garantizar el éxito del proceso y obtener el máximo beneficio legal posible.
