El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha reconocido que las entidades han sufrido una caída significativa de sus resultados en 2020 por la anticipación de provisiones por deterioro de crédito, el cual deberán seguir reconociendo «de manera adecuada y a tiempo» para tener un diagnóstico fiable de la situación que impida que se produzcan dislocaciones en la asignación de recursos financieros a las actividades productivas.
Así lo ha puesto de manifiesto en una carta que acompaña a la Memoria de Supervisión Bancaria de 2020 que el Banco de España ha publicado este jueves, en la que reconoce que los bancos españoles afrontan esta crisis mejor preparados, pero señala que la rentabilidad «sigue siendo la asignatura pendiente».
La Memoria de Supervisión Bancaria refleja que el volumen de crédito total de las entidades españolas a escala consolidada ha repuntado significativamente en 2020, al tiempo que el importe de activos dudosos «parece haberse estabilizado», tras varios años de tendencia marcadamente decreciente, con una ratio de dudosos que ha seguido mejorando por el crecimiento de su denominador (el volumen de crédito).
Sin embargo, el Banco de España ha advertido de que «es previsible que en un futuro próximo ambas magnitudes comiencen a aumentar, a medida que los efectos negativos derivados de la crisis del Covid-19 se vayan materializando en los balances bancarios».
Durante la presentación de la Memoria, la directora general de Supervisión, Mercedes Olano, ha añadido que las entidades deberán seguir constituyendo provisiones adicionales, si bien no es posible cuantificar su volumen.
«Evidentemente, las entidades ya han constituido provisiones extraordinarias en 2020, que también se utilizarán a lo largo de 2021, 2022 y lo que dure la crisis, pero tendrán que seguir haciendo un esfuerzo de provisiones importante», ha asegurado.
De hecho, como resultado de las actuaciones supervisoras llevadas a cabo durante 2020, el Banco de España envió 99 escritos a entidades menos significativas (LSI) con 405 requerimientos y recomendaciones. De ellos, 57 corresponden a decisiones de capital, 33 a la revisión de los planes de recuperación y 9 a inspecciones ‘in situ’.
La mayoría de los requerimientos realizados como consecuencia de las inspecciones se refiere a gobernanza (para mejorar la composición y las funciones de los comités, el control interno y los planes de contingencia), seguido de los que corresponden a riesgo de crédito, que se refieren en su mayoría a reclasificaciones a activos dudosos y a la necesidad de incrementar las provisiones por riesgo de crédito y de mejorar los controles internos específicos de riesgo de crédito.
Hernández de Cos sostiene que la crisis ha hecho más visible la importancia de afrontar la baja rentabilidad del sector bancario, lo que requiere que las entidades mejoren su eficiencia reduciendo costes y utilizando más intensivamente las nuevas tecnologías. En este sentido, ha recordado que las fusiones pueden ser «un instrumento útil adicional» para afrontar los retos futuros en mejor posición.
Además, ha incidido en que las operaciones transnacionales europeas «serían particularmente positivas, dado que permitirían profundizar en la unión bancaria, minorar el nexo de riesgo bancario-soberano e incorporar mayores posibilidades de diversificación».
De su lado, la subgobernadora, Margarita Delgado, ha apuntado en una entrevista incluida en la Memoria que las fusiones son «procesos complejos» y no todas tienen un sentido económico.
«El papel del supervisor se limita a asegurar que, sobre la base de un plan de negocio creíble que utilice hipótesis razonables y conservadoras, la entidad resultante tenga un modelo de negocio viable y sostenible en el tiempo. Asimismo, los supervisores deben constatar que tiene un gobierno corporativo y una estructura organizativa adecuados, y puede gestionar los riesgos de forma eficaz y prudente», ha señalado Delgado.
La Memoria de Supervisión recoge las prioridades supervisoras del Banco de España para 2021, en cuya identificación ha tenido un papel fundamental la pandemia, así como sus efectos en el sector bancario, y la incertidumbre sobre las expectativas de recuperación de la economía.
Los principales riesgos identificados para este año han sido el prolongado impacto de la pandemia sobre la actividad económica y el potencial aumento de los NPL, la corrección de precios en los mercados financieros, la ciberdelincuencia y los retos tecnológicos, y las incertidumbres geopolíticas.
Asimismo, se han detectado otra serie de factores de riesgo, la mayoría de los cuales persisten desde hace años, como los relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, el cambio climático o los riesgos asociados al Brexit.
Además, el Banco de España apunta que este año se han identificado una serie de vulnerabilidades internas de las entidades del mecanismo único de supervisión (MUS) y otras externas a estas que pueden exacerbar los citados riesgos.
En concreto, se refiere a vulnerabilidades en la gestión y en la cobertura del riesgo crediticio, bajos niveles estructurales de ingresos y baja rentabilidad, deficiencias en tecnologías de la información, gobernanza y gestión estratégica mejorables, ineficiencias persistentes en materia de costes, altos niveles de deuda pública y privada, exceso de capacidad en el sector bancario y fragmentación en el marco reglamentario y jurídico.
Teniendo en cuenta lo anterior, las prioridades supervisoras para 2021 se han agrupado en cuatro grandes áreas: la gestión del riesgo de crédito, el fortalecimiento del capital de las entidades, la sostenibilidad del modelo de negocio y la gobernanza.
Siguiendo un proceso similar, se fijaron como prioridades supervisoras para las entidades menor significativas la calidad de los activos y la gestión del riesgo de crédito, la rentabilidad y el modelo de negocio, la gobernanza, la fortaleza de los recursos propios y el riesgo tecnológico, la ciberseguridad y la resiliencia operativa.
