El Gobierno se reunirá este miércoles con CCOO, UGT, CEOE y Cepyme para constituir la mesa de diálogo social sobre la «modernización del mercado laboral», en la que se abordarán no sólo los aspectos considerados como más lesivos de la reforma laboral de 2012, sino también otras materias remitidas a Bruselas en el marco del Plan de Recuperación, entre las que figuran la contratación o medidas contra la precariedad laboral.
La propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, fue la que anunció la convocatoria de esta mesa nada más cerrar con los agentes sociales la ley que regulariza la situación de los repartidores, conocida como ‘Ley de Riders’. Con esta mesa de diálogo social, dijo entonces Díaz, «empieza una gran tarea de transformación y de reformas estructurales» en España.
Algunas de las materias que formarán parte de esta mesa, como la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, la ‘ultraactividad’ y la subcontratación, son ‘viejas conocidas’, pues los agentes sociales las estuvieron negociando con el Gobierno socialista en la anterior legislatura.
Ahora, en esta nueva mesa, que arrancará hoy a las 16.30 horas, se retomarán las conversaciones sobre dichos asuntos, pero se añadirán otras muchas para dar cumplimiento a los compromisos que el Gobierno español asumió en las fichas remitidas a Bruselas.
«Es un enorme reto para el Gobierno y para los agentes sociales. (…) Vamos a estar encerrados, casi como si fuera una oposición, para desplegar todos los efectos, porque nos hemos comprometido ante Bruselas y porque el Gobierno y los agentes sociales quieren abordar estas reformas», subrayó la ministra hace unos días.
En las propuestas enviadas a Bruselas, el Gobierno plantea generalizar el contrato indefinido, devolver la causalidad a los contratos temporales y simplificar la contratación, reordenando las modalidades de contratación laboral, así como por introducir mecanismos de flexibilidad para las empresas alternativos a la excesiva temporalidad.
Respecto a este último punto, el documento remitido a Bruselas por el Ejecutivo apuesta por penalizar el uso excesivo de contratos de muy corta duración y atajar el fraude laboral.
Al mismo tiempo, el Gobierno aboga por la creación de un modelo permanente de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) como «un instrumento de flexibilidad alternativo al ajuste externo del empleo ante perturbaciones negativas».
Por otro lado, el Ejecutivo quiere revisar las subvenciones y bonificaciones a la contratación temporal. Entre las medidas para conseguirlo, se encuentran la simplificación de los incentivos y requisitos a las empresas beneficiaras para centrarse en la empleabilidad de los desempleados y que vayan para contratos indefinidos.
CCOO y UGT, por su parte, llevan tiempo demandando con urgencia el desmontaje de la reforma laboral de 2012. De hecho, bajo el lema ‘Ahora sí toca’, los dos sindicatos llevan un par de meses movilizándose los días 11 de cada mes para reivindicar la derogación de la reforma laboral de 2012.
En frente tienen a la patronal, reacia a tocar una reforma que considera que ha funcionado y que ha recibido el aval de organismos internacionales.
En todo caso, los empresarios han señalado que, a la hora de abordar los cambios del marco laboral, se debe «quitar el foco de lo ideológico» y ponerlo sobre la productividad y la flexibilidad.
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, valoró ayer favorablemente que este miércoles se vaya a reactivar la mesa de negociación para el desmontaje de la reforma laboral y ha resaltado que su puesta en marcha, que es «muy importante», viene precedida de dos movilizaciones sindicales que han exigido que se retomase.
«Tenemos que abordar esta negociación porque en la segunda parte del año, cuando se recupere la actividad económica, España seguirá teniendo un riesgo muy importante de devaluación de los salarios, seguirá sufriendo términos de precariedad laboral «altísima» y muchas de las responsabilidades de esta situación tiene la actual legislación, que se impuso con la reforma laboral del PP», según Sordo.
El líder sindical ha afirmado que quiere plantear dos fases de negociación, una primera en la que se eliminen los aspectos más lesivos de la reforma laboral y, posteriormente, a partir de ahí emprender una fase de negociación para mejorar la estabilidad en el empleo».
Sordo ha remarcado que es importante estabilizar la contratación y que «el despido sea el último recurso». Así, ha incidido en que modernizar el modelo laboral español pensando en el siglo XXI «requiere corregir» los aspectos de la reforma de 2012 «que se hicieron pensando en el siglo XIX».
«Esperemos que se pueda llegar a un acuerdo y que, si no, el Gobierno tome medidas encaminadas a recuperar los derechos laborales y a equilibrar las relaciones entre el empresariado y los trabajadores», ha añadido.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y la U Unión Sindical Obrera (USO) remitieron el pasado lunes una carta a la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, para reclamarle participar en las próximas reuniones del diálogo social.
En un comunicado conjunto, ambos sindicatos apuntaron que su presencia en las mesas de diálogo social está «totalmente justificada» por la coyuntura actual y la emergencia laboral y social.
Tanto CSIF como USO creen que es necesario «superar viejas rutinas que poco ayudan a la mejor búsqueda de soluciones» y debatir y construir con «una mayoría sindical más amplía».
«Es fácilmente posible buscar fórmulas no contradictorias con la legislación, que privilegia exclusivamente a los denominados más representativos», según CSIF y USO, que consideran que su presencia sería posible en las fases de análisis y propuestas, «dado que no son exclusivas de los más representativos».
