Las quitas de deuda a los préstamos con aval público plantean problemas de competencia y equidad en las empresas, ya que aquellas que no solicitaron créditos ICO tendrían una desventaja frente a las que sí lo hicieron, según advierten fuentes financieras.
El Gobierno ha aprobado este viernes el real decreto-ley de medidas urgentes para garantizar la solvencia de las empresas dotado con un total de 11.000 millones, que incluirá un fondo de 7.000 millones de euros en ayudas directas que podrán destinarse al pago de gastos fijos, deudas de proveedores y al pago a otros acreedores financieros y no financieros.
Un segundo eje de actuación, dotado con 3.000 millones, incluye un conjunto de medidas de apoyo y flexibilización de los préstamos que cuenten con aval público, permitiendo así que el ICO se incorpore a los procesos de refinanciación y reestructuración que pacten los bancos y sus clientes.
Como medida de último recurso, se permite la concesión de ayudas directas para reducir la financiación con aval público solicitada durante la pandemia, dentro de un proceso de renegociación acordado por los clientes con las entidades financieras, que asumirán la parte proporcional de la reducción del préstamo.
Las fuentes financieras han advertido de que estas quitas, que se concederían a los créditos ICO, plantearían problemas de competencia y equidad en las empresas, pues aquellas que no han solicitado avales públicos estarían en desventaja comparativa frente a las que sí.
Además, recuerdan que las asociaciones empresariales han expresado que las compañías no quieren ni necesitan quitas, sino dinero que supla la pérdida de rentas y el descenso de las ventas por los cierres que han tenido que acometer.
Del mismo modo, resaltan que en Europa no se están planteando conceder quitas y apelan a la necesidad de preservar la estabilidad financiera y la solidez de los bancos.
Desde el sector bancario han destacado que, desde el inicio de la pandemia, han actuado con rapidez para ayudar a paliar los efectos económicos del coronavirus sobre las familias y las empresas, colaborando con las autoridades en las medidas que se adopten a nivel oficial y complementándolas con otras a nivel sectorial, como es el caso de las moratorias de crédito.
En este sentido, reiteran su compromiso por seguir ayudando a los clientes, de acuerdo con sus posibilidades, en la recuperación postcovid.
En cuanto al Código de Buenas Prácticas que se aprobará próximamente para la articulación de las nuevas medidas de apoyo y que será de adhesión voluntaria por parte de las entidades financieras, fuentes financieras explican que «no es otra cosa que la gestión profesional y objetiva de los bancos del riesgo empresarial, cuya prioridad siempre es la supervivencia de la empresa viable».
