La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto cuatro sanciones diferentes a Vodafone España, por un importe total de 8,15 millones de euros, por la realización de acciones de marketing y prospección comercial a través de llamadas telefónicas y envío de comunicaciones comerciales electrónicas.
La AEPD indicó que desde el segundo trimestre de 2018 recibió 191 reclamaciones (hasta el 26 de febrero del año pasado), de las que 23 eran contra Vodafone, en las que se denunciaban este tipo de prácticas por parte de la compañía en relación con la Ley General de Telecomunicaciones (LGT), de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE) y de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantías de Derechos Digitales (LOPDGD).
La primera de las sanciones contra Vodafone, por importe de cuatro millones de euros, está vinculada a una infracción del artículo 28 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), en cuyo apartado 1 establece que cuando se vaya a realizar un tratamiento por cuenta de un responsable del tratamiento, «este elegirá únicamente un encartado que ofrezca garantías suficientes para aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas, de manera que el tratamiento sea conforme con los requisitos del presente Reglamento y garantice la protección de los derechos del interesado».
Las infracciones en el artículo 83.4.a) contemplan sanciones administrativas de hasta 10 millones de euros o, en caso de ser una empresa, con un importe equivalente a un máximo del 2% de la facturación del ejercicio anterior.
Además, la AEPD también multa con dos millones de euros a la compañía de telecomunicaciones por infringir el artículo 44 de la RGPD, que recoge que solo se realizarán transferencias de datos personales que sean objetivo de tratamiento o vayan a serlo tras su transferencia a un tercer país u organización internacional, si el responsable y el encargado del tratamiento cumplen las condiciones establecidas en el presente capítulo.
El incumplimiento de este artículo de la normativa puede acarrear sanciones administrativas de hasta 20 millones de euros y del 4% de la cifra de negocio del ejercicio anterior en caso de tratarse de una sociedad.
La tercera de las multas impuestas a Vodafone, por importe de 150.000 euros, se corresponde con una infracción del artículo 21 de la LSSICE, que prohíbe el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónico que previamente no hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas.
Además, la AEPD también sanciona con dos millones de euros adicionales a Vodafone España por infringir el artículo 48.1.b) de la LGT y el 23 de la LOPDGD. El primero recoge el derecho a la protección de datos personales y la privacidad en relación con las comunicaciones no solicitadas, con los datos de tráfico y de localización y con las guías de abonados, mientras que el segundo dice que será lícito el tratamiento de datos personales que tenga por objeto evitar el envío de comunicaciones comerciales a quienes hubiesen manifestado su negativa u oposición a recibirlas.
Por todo ello, la Agencia Española de Protección de Datos da un plazo de seis meses a Vodafone España para que acredite que se ha ajustado a lo dispuesto en el RGPD y la LOPDGD. Además, advierte de que el sancionado tendrá que hacer efectiva la multa una vez que la resolución sea ejecutiva.
Ante la multa por parte de la AEPD, desde la compañía explicaron a Europa Press que la resolución de la agencia es «recurrible», y manifestaron su intención de presentar este viernes un recurso de reposición, ante lo que consideran una sanción «desproporcionada».
«Hoy vamos a presentar recurso de reposición ante la AEPD y, en función de lo que finalmente decida, dejamos abierta la posibilidad de interponer recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, dado que entendemos que la responsabilidad que se imputa a Vodafone no nos corresponde. Son las entidades que actúan como responsables del tratamiento de los datos de los afectados las que deben responder de las imputaciones de la AEPD», explicaron.
De esta forma, desde la empresa afirmaron que tratan con la máximas garantías de confidencialidad y privacidad los datos de sus clientes y se mostraron en desacuerdo con los incumplimientos que les imputa la AEPD, al tiempo que explicaron que, en cualquier caso, la cuantía de la sanción propuesta es «desproporcionada».
