El Pleno del Congreso tiene previsto aprobar este jueves la proposición de ley para derogar el artículo 315.3 del Código Penal que castiga con penas de prisión las coacciones para iniciar o continuar una huelga.
Así, tras superar sin cambios el debate de enmiendas en la Comisión de Justicia, la iniciativa llega al Pleno en su última votación antes de su remisión al Senado, donde deberá completar su tramitación para su aprobación definitiva.
Para esta fase en la Cámara Alta el PSOE ha anunciado que pedirá su tramitación por la vía de urgencia, lo que reduciría todos los plazos a la mitad, con el fin de tenerla ya en vigor para el Primero de Mayo, Día Internacional del Trabajador.
La iniciativa, impulsada por el PSOE, plantea derogar el artículo 315.3 del Código Penal que contempla penas de prisión para estos piquetes y posibilitar la revisión de las sentencias firmes dictadas de conformidad con la legislación que se deroga.
Al tratarse de una proposición de ley que busca modificar una Ley Orgánica –el propio Código Penal–, la Cámara debe aprobarla con mayoría absoluta, por lo que los grupos que sustentan al Gobierno –PSOE y Unidas Podemos, que suman 155 diputados– deben incorporar al menos 21 votos más.
Para sacarla adelante, previsiblemente contarán con el apoyo de, al menos, Esquerra Republicana (13 votos), EH-Bildu (5 votos), Más País-Equo (2 votos), la CUP (2 votos), Compromís (1 voto), BNG (1 voto) y Nueva Canarias (1 voto).
PP, VOX, PNV Y PDeCAT TIENEN ENMIENDAS
Junto con la iniciativa, los grupos deberán debatir las enmiendas parciales de los grupos. Así, el PP busca conservar la redacción vigente de la ley; Vox intenta ampliar las penas de prisión para los piquetes; y el PDeCAT trata de ampliar la iniciativa, comprometiendo por ley al Gobierno a presentar un proyecto de Ley de Huelga, previo acuerdo con los agentes sociales, para sustituir la regulación actual, «de base preconstitucional».
En su enmienda, el PDeCAT cree que es necesario regular este derecho «de manera integral». «Tras más de 40 años de democracia sorprende que todavía no lo haya abordado ningún Gobierno», manifiesta en la justificación de su enmienda.
Marcando distancias con el Gobierno de coalición, del que es socio prioritario, el PNV propone en su enmienda mantener en el Código Penal las penas de cárcel para los abusos que puedan cometer los piquetes en una huelga, aunque rebaja los años de prisión previstos a solo uno, o dos en caso de que se lleven a cabo con coacciones.
Aunque mantiene las penas de prisión, el PNV equipara los abusos de los piquetes con los que pueda cometer una persona que impida o limite la libertad sindical o el derecho de huelga de los trabajadores, por lo que en la práctica rebaja el castigo a esta vulneración.
La propuesta del PNV limita a un año la pena máxima de prisión prevista en este artículo –actualmente se fija en dos años de cárcel– y en caso de existir coacciones se rebaja de los tres años de prisión vigentes a dos años. El artículo vigente para las coacciones en el ámbito de una huelga contempla penas de cárcel de hasta tres años.
