Las rebajas fiscales incluidas en el último decreto anticrisis aprobado por el Gobierno provocarán una merma de recaudación para las arcas públicas de un total de 10.909 millones de euros, según calcula el Ejecutivo en la memoria de impacto económico a la que ha tenido acceso Europa Press.
El Gobierno ya dijo que sus medidas de apoyo económico frente a la crisis, como los abonos gratis de Renfe o el cheque de 200 euros para hogares con rentas inferiores a 27.000 euros, tendrían un coste superior a los 10.000 millones de euros.
Pero ese decreto ley, aprobado el pasado mes de diciembre y pendiente de su convalidación en el Congreso, también prorroga o introduce nuevas exenciones tributarias, la mayoría de ellas en materia energética, que causan al Estado una merma de ingresos.
En el documento, aunque la pérdida de recaudación se calcula de manera semestral, muchas de las medidas aprobadas tienen carácter anual.
De este modo, la memoria del decreto ley estipula que la prórroga del IVA en un 5% para determinados suministros de energía eléctrica tendrá un coste semestral de 1.445 millones de euros, 2.890 millones durante todo el año de su vigencia, en término de devengo.
Algo similar sucede con la prórroga del tipo del 0,5% del Impuesto Especial de Electricidad, que grava de manera indirecta el consumo eléctrico. Esta medida generará una merma recaudatoria de 2.298 millones de euros anuales.
Por otro lado de la rama energética, la aplicación del tipo reducido del 5% al suministro de gas natural generará una pérdida recaudatoria de 433 millones de euros en el primer semestre (866 millones al año), mientras que la aplicación del tipo reducido del 5% a las briquetas y ‘pellets’ procedentes de la biomasa y a la madera para leña supondrá una merma recaudatoria de 41 millones de euros en el primer semestre, 82 millones en el cómputo anual.
El Ejecutivo ha recordado que los anteriores impactos recaudatorios afectan tanto a la Administración General del Estado como a las Administraciones Territoriales, ya que las medidas tienen incidencia en las recaudaciones del IVA y del Impuesto Especial sobre la Electricidad, cuyos rendimientos se hallan cedidos, parcial o totalmente, a las comunidades autónomas.
En última instancia, la prórroga de la suspensión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica ocasionará un impacto recaudatorio de 4.112 millones de euros en todo el año.
Saliendo del área energética, el decreto también incluye otras medidas para aliviar las facturas de los hogares con cuantiosos impactos recaudatorios.
Una de ellas es la supresión del IVA en alimentos básicos como el pan, harina, leche, huevos o frutas y verduras, que supondrá una merma recaudatoria para el Estado de 604 millones de euros. De su lado, la reducción del 10% al 5% del tipo impositivo aplicable a los aceites comestibles y las pastas alimenticias, podría acarrear una pérdida recaudatoria de 57 millones de euros en el primer semestre.
A diferencia de las medidas tributarias detalladas en el área energética, las referidas a los alimentos no se diseñaron con carácter anual en el decreto. De hecho, la prolongación temporal de estas quedará determinada por la evolución de la inflación subyacente, que recoge el incremento de precios excluyendo a productos energéticos y alimentos no elaborados.
Así, en el caso de que la tasa interanual de la inflación subyacente se sitúe por debajo del 5,5% en marzo (datos disponibles a partir de abril) los tipos impositivos volverían a su estatus original. La tasa subyacente finalizó el 2022 en su nivel más alto desde hace 30 años, tras registrar una tasa interanual del 7% en diciembre y superar en 1,3 puntos el dato del IPC general durante el mismo mes de 2022 (5,7%).
