La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) valora «el esfuerzo» del Gobierno en elaborar el anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés y consideran que supone un «muy buen punto de partida» para la regulación de la actividad de representación de intereses.
«Desde APRI llevamos alguna década reclamando este proyecto, y también haciendo propuestas concretas y constructivas, basadas en nuestro conocimiento y respeto profundo a la profesión y al colectivo de profesionales que representamos», han señalado a través de un comunicado, tras la aprobación del anteproyecto en Consejo de Ministros.
La asociación espera que ahora el Gobierno sea capaz de imprimir la celeridad necesaria para aprobarlo definitivamente en las Cortes Generales antes del final de la legislatura o de lo contrario, el país se enfrenta a otros 4 años de vacío en esta cuestión, según advierten.
«La sociedad está preparada para este cambio, los ‘lobistas’ profesionales también, ahora solo queda remar todos juntos para lograr un cambio tan necesario para nuestras instituciones y para la calidad de la participación democrática de la sociedad civil en los asuntos públicos», han remarcado.
De su lado, la directora senior de Asuntos Públicos de LLYC, Carmen Muñoz, considera que una buena regulación de la actividad del lobbying y los grupos de interés puede ser buena, sobre todo, para una mejor comprensión de la necesaria relación/conversación entre lo público (quien regula) y lo privado (el regulado).
«Desde entidades como LLYC, Foro por la Transparencia o APRI venimos trabajando con los poderes públicos para trasladarles el valor de una buena regulación que ayude a normalizar la relación entre los decisores públicos y los grupos de interés y a generar una mejor pedagogía por la contribución de esta a la mejora de la calidad democrática y de la calidad normativa», ha señalado Muñoz.
Por su parte, Alfonso Alonso, presidente de Acento Asuntos Públicos, ha asegurado que «contar con un marco normativo de referencia aumenta la transparencia que ya existe sobre la actividad de los grupos de interés, y especialmente contribuye a la profesionalización del sector, entre otras cosas procurando las mismas reglas del juego para todos, tanto para la Administración como para el sector privado».
