La Comisión de Asuntos Económicos del Congreso ha acelerado esta semana la tramitación de la reforma de la Ley de Sociedades de Capital para fomentar la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas y espera aprobarla este mismo martes.
Así, según han informado a Europa Press diferentes fuentes parlamentarias, la ponencia cerró con tan solo una reunión el repaso a esta reforma, con aportaciones de prácticamente todos los grupos parlamentarios, por lo que es previsible que la norma se envíe al Senado –la comisión cuenta con competencia legislativa plena– con un alto grado de consenso.
Más de cincuenta enmiendas aprobadas de una sola tacada del PSOE, el PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, el PDeCAT y hasta una enmienda transaccional con Vox, que verá plasmada así una aportación en una ley del Gobierno de coalición negociada desde la vicepresidencia de Asuntos Económicos, que dirige Nadia Calviño.
Entre los cambios introducidos por los grupos está la regulación de las juntas de accionistas de las sociedades cotizadas de manera exclusivamente telemática, una posibilidad ya recogida en los primeros compases de pandemia y para la cual el PSOE propuso una regulación concreta, aunque con más requisitos para asegurar la interación en tiempo real y una participación y seguimiento efectiva de la junta.
Por otro lado, también a propuesta del PSOE, se modifica la regulación sobre la política de remuneraciones, la información se propone sobre el número de acciones con voto doble existentes –deberá comunicarse a la CNMV cualquier cambio en plazo máximo de cuatro días– y también endurecer las condiciones de una OPA de exclusión.
En lo que respecta a la política de remuneración, se busca clarificar que el consejo de administración tenga que proponer a la Junta su propuesta de cambio de política antes del cierre del ejercicio anual en el que acabe la política anterior, y también que se contemple expresamente que la Junta de accionistas pueda determinar que la nueva política se comience a aplicar de manera inmediata.
Por otro lado, también se rebajan a propuesta del PSOE las obligaciones de información sobre gobierno corporativo a los fondos de inversión, a los que se extiende el régimen simplificado, eximmiéndoles así de la publicación de su informe anual de gobierno corporativo.
Sobre las OPAs de exclusión, los grupos han acordado a propuesta del PSOE endurecer la posibilidad de que una sociedad saque de la negociación en Bolsa a una empresa, al elevar al 75% el capital necesario alcanzado en la operación.
Todo ello con el fin de evitar que un ofertante sitúe a los accionistas en la tesitura de tener que vender sus acciones ante la perspectiva de quedarse como propietarios de una sociedad no cotizada, independientemente del resultado de la oferta e incluso sin que llegue a alcanzar el 50% del capital.
