La Confederación Española de Transporte en Autobús, CONFEBUS, solicita, una vez más, a la Administración, la adopción de medidas urgentes para hacer frente a la desesperada situación en la que se encuentra el sector, ante el elevado y continuado encarecimiento del precio de la energía, que está provocando un enorme impacto en las cuentas de las empresas. En el mes de octubre, el precio del gasóleo ha vuelto a situarse cerca de los 2 euros/litro (1,949 euros/l), con un incremento, solo en lo que va de año, de un 43,46%, a lo que habría que sumar el aumento del 16,10% en 2021. A su vez, el precio del gas natural acumula un incremento del 224% en 2022, siendo en 2021 un 365,41% superior al promediado de 2020. De este modo, en los últimos diez meses, solo por el precio del combustible, el sobrecoste para el sector asciende ya a más de 600 millones, motivo por el cual CONFEBUS insiste en trasladar a la Administración que esta subida desproporcionada y continuada evidencia la necesidad y urgencia de adoptar medidas extraordinarias, como la prórroga de la rebaja de los 20 céntimospor litro de gasóleo y aumentar hasta 1 euro por kilógramo de gas para las empresas del sector, y el reequilibrio de los contratos de gestión de los servicios públicos de transporte y habilitar legalmente para que otras administraciones puedan revisar sus concesiones y también contratos públicos como los de transporte escolar y otros, así como reducir la morosidad de las administraciones públicas, para poder mantener la continuidad de un servicio público esencial, garante de la movilidad sostenible. Por otro lado, aunque la Confederación apoya todas las medidas de fomento del transporte público puestas en marcha por la Administración, la gratuidad de los abonos de RENFE, que se ha ampliado a 2023, otorga un tratamiento diferenciado a los territorios que tienen ferrocarril sobre los que no y suponen una discriminación para la mayoría de los ciudadanos, puesto que de los más de 8.000 municipios del territorio español solo unos pocos se benefician de cercanías y media distancia. Una medida que ya está suponiendo una pérdida de viajeros del autobús de entre el 15 y el 30% en determinados tráficos, enfrentando a dos modos de transporte que son complementarios y prestatarios del servicio público de transporte de personas, por lo que la gratuidad del ferrocarril tiene que extenderse también al transporte en autobús. También, llama la atención la insignificante partida destinada a las subvenciones al transporte urbano y metropolitano, que mantiene la misma cuantía que en años anteriores, sin tener en cuenta el fuerte incremento de costes que han sufrido estos servicios, en torno al 35%, como consecuencia de la alta inflación. En este contexto, la Confederación reitera que, en la actualidad, los niveles de demanda de viajeros aún no se han recuperado y continúan un 14% por debajo de los de 2019, según los últimos datos del INE, y que, este hecho, unido al elevado precio de los costes, está afectando de manera dramática a un sector que ya fue especialmente castigado por la pandemia, pero que es indispensable para la movilidad, la cohesión territorial y la transformación hacia la sostenibilidad que se está produciendo en la economía. Está en juego la supervivencia de muchas las empresas, como ratifican los datos del registro del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que revelan que en estos dos últimos años han desaparecido más de 300 empresas (329), lo que supone casi un 12% del total, con la destrucción de empleo que ello implica. Además, las que sobreviven, menos de 3.000 (2.810), acumulan una gran cantidad de deuda, lo que supone un importante lastre para la recuperación del sector. Una vez más CONFEBUS se ve en la obligación de repetir que el autobús es un sector clave para la economía española que, antes de la crisis, facturaba casi 6.000 millones de euros anuales, dando empleo a más de 95.000 personas. Este hecho lo convierte en un actor estratégico para la sociedad, ya que garantiza la movilidad de millones de personas cada día, asegura el acceso a los servicios básicos del estado del bienestar, como la sanidad, la educación o el trabajo, y es un actor clave de la cadena y oferta turística. Y precisamente por esta razón, la Administración debe tomar las medidas pertinentes para garantizar la supervivencia del sector del transporte en autobús.
