Los dos grandes ministerios inversores, el de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el de Transición Ecológica y Reto Demográfico, solo ejecutaron un 68,7% de su presupuesto durante el año pasado, lo que hizo caer en picado la licitación y la contratación pública.
Según los datos de la asociación de empresas constructoras y concesionarias de infraestructuras Seopan, la licitación en obra civil se limitó a 8.364 millones de euros, un 26% menos, y la contratación pública a 6.348 millones de euros, un 40% menos.
El principal golpe el año pasado provino de la crisis del coronavirus, que obligó a suspender la contratación y hundió la movilidad como consecuencia de las continuas restricciones, lo que impactó directamente en el sector de la construcción.
En concreto, desde el estallido de la crisis en marzo de 2020, el tráfico de las autopistas gestionado por las empresas asociadas a la patronal cayó un 37% y se destruyeron 80.200 puestos de trabajo en el sector cada mes, aunque a finales de año logró recuperar casi todo el empleo perdido.
No obstante, la no ejecución del presupuesto no es una situación nueva en España a causa del coronavirus, sino que ya se acumulan hasta 41.100 millones de euros sin ejecutar en los últimos 14 años, una cifra que, de haberse ejecutado, hubiese creado 48.000 empleos anuales y 20.145 millones de euros en retornos fiscales por impuestos y cotizaciones.
La situación de estos dos ministerios se debe, según el sector, a retrasos «injustificados» en los procedimientos de licitación y adjudicación de los contratos, a la suspensión y resolución de contratos por adjudicaciones a precios anormalmente bajos y a la elevada judicialización de los problemas que surgen ante incumplimientos.
Seopan también señala la «indecisión política» para solucionar los obstáculos regulatorios que impiden la captación de capital en los mercados para financiar las infraestructuras que el país necesita para resolver su déficit en infraestructuras prioritarias y cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por Naciones Unidas.
De cara a este año, el crecimiento potencial previsto para el sector se sitúa entre el 1% y el 2,7%, auque condicionado a la ejecución presupuestaria, sobre todo de Adif, que representa el 24,4% de la obra civil nacional, así como al impulso de la colaboración público-privada y de la capacidad de las administraciones para gestionar en plazo las ayudas europeas.
En este sentido, dados los reducidos plazos existentes y los retrasos que se han producido en la Unión Europea (UE) para la aprobación de las normas referentes a los fondos, Seopan plantea una ampliación de los plazos de ejecución de estas ayudas.
El presidente de Seopan, Julián Núñez, ha recordado que el sector ya ha propuesto un plan de inversiones por valor de 100.428 millones de euros para la modernización de las infraestructuras del país a través de 12.740 millones de inversión pública procedente de los fondos europeos, corriendo el resto del gasto a cuenta de la iniciativa privada.
