La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha asegurado este jueves que «nunca ha habido bloqueo» en el proyecto de ley de Vivienda, sino «diálogo y trabajo», tras las críticas de Unidas Podemos, socios del Gobierno de coalición, después de que la Ley de Vivienda quedara fuera de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023.
Sánchez ha recordado que el Consejo de Ministros ya aprobó el proyecto de ley hace unos meses y lo remitió al Congreso, donde se han presentado unas 800 enmiendas, de las que ya se han transaccionado unas 400, según ha apuntado la ministra en una rueda de prensa en el Ministerio para presentar los PGE 2023 de su cartera.
«Este Ministerio se ha volcado en la vivienda porque creemos en un país digno y la vivienda es, junto al trabajo, la principal fuente de dignidad de las personas. Carecer de vivienda menoscaba la condición de ciudadano», ha comentado la titular del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma).
La ministra ha pedido el respaldo de todas las fuerzas políticas, en especial de las progresistas, para sacar adelante la normativa en el Congreso y «no defraudar a la ciudadanía». Sánchez confía en que la tramitación se produzca antes de que culmine el año y ha defendido que es una «ley de Vivienda valiente, necesaria, jurídicamente impecable y respetuosa con las competencias autonómicas».
«Creemos en una ley que protege a las familias vulnerables, establece mecanismos de contención de precios y protege el parque público de vivienda», ha añadido Sánchez.
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) contará en 2023 con una partida de presupuestaria de 3.472 millones de euros para vivienda, un 5,4% más que en 2022. La finalidad de esta dotación es facilitar el acceso a la vivienda asequible, aumentar el parque público, ayudar a la emancipación joven y fomentar la rehabilitación energética de los edificios y barrios.
Sánchez ha destacado que la partida presupuestaria para vivienda «multiplica por ocho» la dotación de otros Gobiernos anteriores y demuestra el compromiso del Ejecutivo para «plantar cara al problema de la vivienda».
El Mitma cuenta con 500 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para la construcción de 100.000 viviendas de alquiler asequibles, tanto en ciudades como en zonas despobladas.
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) recibirá una asignación de 260 millones de euros para la promoción de vivienda de alquiler asequible. «Supone más en un año que toda la cantidad asignada para viviendas en 11 años, bajo mínimos, con el PP», ha manifestado la ministra.
El Ministerio también mantiene el Bono Joven al Alquiler, con una dotación de 200 millones de euros, que llegarán a unos 70.000 jóvenes de entre 18 y 35 años, con ingresos inferiores a tres veces el IPREM. El bono supone una ayuda de 250 euros mensuales.
Respecto a la limitación del 2% en la renta de los alquileres, Sánchez ha anunciado que en diciembre «se va a volver a analizar el contexto» y se prorrogarán todas las medidas que sean necesarias.
