Bankia encara su fusión con CaixaBank con un frente legal más despejado que el que tenía hace un año, tras haber sido absuelto por la Audiencia Nacional en el juicio por su salida a Bolsa y después de haber cerrado más de 3.000 procedimientos judiciales a lo largo de 2020.
Eso sí, la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri todavía mantiene abiertos más de 20.000 pleitos por gastos hipotecarios, cláusulas suelo, IRPH o demandas civiles de particulares por la salida a Bolsa en julio de 2011, entre otros, según recoge el informe financiero anual de 2020 consultado por Europa Press.
El grueso de los procedimientos judiciales contra Bankia son los relativos a los gastos de formalización de hipotecas, que al cierre de 2020 ascendían a 14.426, 1.400 menos que un año antes.
Bankia informa de una reducción «significativa» de la contingencia económica existente tras las sentencias del Tribunal Supremo, que aclara que la principal partida integrante de los gastos hipotecarios, el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD), ha de ser asumido por el prestatario si un tribunal declara nula la cláusula. Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia de julio de 2020, no desautorizó el criterio del Supremo y proporcionó indicaciones para determinar la validez de la comisión de apertura.
En cualquier caso, hay tres demandas colectivas interpuestas por Adicae que se encuentran pendientes de sentencia en primera instancia, así como dos acciones colectivas interpuestas por Asufin. Bankia considera que el riesgo de impacto patrimonial al grupo por eventuales condenas en cuanto a una mayor contingencia «no es significativo» en lo referido a las demandas presentadas ante juzgados y tribunales.
Otro asunto que aglutina un número significativo de procedimientos judiciales abiertos son las cláusulas suelo. Bankia, que dejó de incluirlas en sus contratos hipotecarios en septiembre de 2015, tiene abiertos 4.411 procedimientos por cláusulas suelo, 1.652 menos que un año antes.
Asimismo, existen 740 procedimientos vigentes por demandas interpuestas al amparo de la ley 57/1968 sobre percepción de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas (promociones fallidas), 7 menos que al cierre de 2019, mientras que las demandas relativas a derivados se sitúan en 91, 53 menos que hace un año.
En relación a las cláusulas IRPH, sobre las que el Tribunal de la UE ha determinado este año que no son abusivas, aunque sí aprecia falta de transparencia, Bankia tiene 445 demandas con un riesgo económico no material, 163 más que un año antes, y su exposición a este índice se ha reducido en 200 millones de euros, hasta 1.100 millones.
Adicionalmente, cuenta con aproximadamente 1.350 millones de euros al corriente de pago (250 millones menos que en 2019) que corresponden a carteras de préstamos relacionados con medidas de financiación de actuaciones en materia de vivienda y suelo en los que el IRPH no fue pactado entre consumidor y banco, sino que vino impuesto por el marco jurídico del momento de celebración del contrato, como los planes de vivienda de protección oficial.
En cuanto a los procedimientos civiles en materia de instrumentos híbridos (participaciones preferentes y obligaciones subordinadas), en 2015 fue completamente utilizada la provisión previamente constituida de 246 millones de euros, que cubría el quebranto máximo estimado por Bankia derivado de los costes relacionados con la ejecución de las ventas en las que resultó condenada.
Adicae planteó seis demandas colectivas relativas a la nulidad en la comercialización de dichos instrumentos híbridos, de las que tres han finalizado (en dos se inadmitieron los recursos de casación de la asociación y otra fue favorable al banco en segunda instancia y no fue recurrida).
Como novedad, el informe anual de Bankia incluye un apartado sobre las tarjetas revolving a raíz del fallo del Tribunal Supremo, de 4 de marzo de 2020, que determinó que una TAE «manifiestamente desproporcionada» sobre el tipo de interés normal del dinero, que en ese momento situaba en el 20%, conllevaba la nulidad del contrato y la devolución de los intereses pagados.
Bankia avanzó en sus informes intermedios de que preveía un aumento de la litigiosidad vinculado a las revolving en el futuro, al considerar que no se ha fijado una doctrina uniforme clara y precisa. Al cierre del ejercicio, el número total de demandas recibidas por Bankia por tarjetas revolving ascendía a 107, con un riesgo económico «no significativo».
Uno de los principales frentes judiciales a los que se ha enfrentado Bankia ha sido el de su salida a Bolsa en julio de 2011. El 29 de septiembre de 2020 la Sala de lo Penal de a Audiencia Nacional dictó sentencia por la que absolvió a todos los acusados de todos los cargos, incluidos Bankia y BFA.
En la actualidad se siguen tramitando demandas civiles de inversores particulares que reclaman la anulación de las compras de acciones en la salida a Bolsa y posteriores, pero los procedimientos civiles vigentes se han reducido a 164 al cierre de 2020, frente a los 248 de hace un año y los 700 que mantenía en 2018.
Hasta ahora, las contingencias asumidas por esta partida han alcanzado los 1.885 millones de euros (han subido en 2 millones por indemnizaciones, intereses y costas).
Bankia captó en la salida a Bolsa 3.092 millones de euros, de los que 1.237 millones correspondían a inversores institucionales y 1.855 millones a inversores minoristas. Debido a que el banco ha procedido a la devolución a los minoristas de la práctica totalidad de sus inversiones a través de los procedimientos civiles o del proceso voluntario de pago abierto, Bankia considera que esta contingencia ha sido «prácticamente resuelta».
