Credit Suisse estima que el coste medio de los gravámenes bancarios para las entidades financieras europeas será del 10% de los beneficios antes de impuestos de 2022, según refleja en la estrategia bancaria publicada este viernes, que analiza los países europeos que están considerando adoptar impuestos bancarios extraordinarios.
Al margen de las aportaciones al Fondo Único de Resolución y a los Fondos de Garantía de Depósitos, varios países ya tenían gravámenes bancarios, mientras que algunos tienen impuestos bancarios adicionales para ayudar a pagar la crisis del coronavirus y otros lo están considerando.
Por un lado, solo España y Hungría tienen impuestos específicos para la banca, mientras que Francia ha topado las tarifas bancarias, Bélgica estableció aportaciones adicionales al Fondo de Garantía de Depósitos y Suecia cuenta con un «impuesto de riesgo» para entidades de crédito que grava el 0,05% de los pasivos.
Los analistas de Credit Suisse esperan un nuevo anuncio por parte de la República Checa próximamente, aunque de momento descartan nuevas medidas en Reino Unido, Alemania, Países Bajos o Italia.
Según sus cálculos, el coste medio de los gravámenes bancarios (incluyendo los impuestos bancarios y las aportaciones a los Sistemas de Garantía de Depósitos y al Fondo Único de Resolución) es del 10% de las ganancias antes de impuestos de 2022 y de 2023, frente al 9% de 2021.
En el caso de España, CaixaBank, Santander y BBVA destinarán conjuntamente 1.099 millones de euros en 2023 y 1.219 millones de euros en 2024 al pago del impuesto extraordinario.
Concretamente, el informe calcula que BBVA pagará 280 millones de euros por el impuesto en 2023 y 310 millones en 2024, lo que representa una carga fiscal bancaria (incluyendo las aportaciones al FDG y al FUR) del 8% del beneficio esperado para 2022 y para 2023 antes de impuestos.
En el caso de CaixaBank, la carga fiscal será del 27% del beneficio de 2022 y del 15% del beneficio de 2023, con el pago de 479 millones por el impuesto extraordinario el primer año y de 549 millones de euros el segundo año.
Santander, por su parte, destinará el 8,5% de sus ganancias de 2022 y el 8% de las de 2023 a gravámenes bancarios, con el pago de 340 millones en 2023 y de 260 millones en 2024 por el impuesto temporal del Gobierno.
El nuevo impuesto temporal a la banca española gravará el 4,8% de los intereses y comisiones de 2022 y 2023. Aunque ya ha empezado a tramitarse en el Congreso, los detalles finales sobre cómo se implementará el impuesto aún se desconocen y están sujetos a cambios.
Los analistas de Credit Suisse hacen referencia en su informe a la advertencia del Banco Central Europeo (BCE) sobre el posible efecto adverso que los nuevos impuestos a los bancos podrían causar en los sistemas financieros y en los modelos de negocio de los bancos.
Asimismo, el BCE ha recomendado un análisis exhaustivo de las posibles consecuencias negativas de la introducción de impuestos a la banca con fines presupuestarios generales.
En opinión de los analistas de Credit Suisse, ello podría diluir la actual propuesta española. «La resistencia del BCE da esperanza a España», señala el informe.
