El Banco de España pide la introducción de instrumentos de reforzamiento de los fondos propios de las empresas y, en ciertos casos, medidas de apoyo directo a empresas con dificultades financieras pero viables, junto a la agilización y revisión de los procedimientos judiciales y extrajudiciales de insolvencias.
También aboga por hacer los ERTE compatibles con iniciativas de formación y mecanismos de flexibilidad, así como preanunciar «cuanto antes» una estrategia de consolidación fiscal con una «profunda» revisión de ingresos y gastos.
Así lo ha señalado el director general de Economía y Estadística, Óscar Arce, durante su participación en las jornadas organizadas por Capital & Corporate y Refinitiv, en las que ha anunciado que el impacto del Covid-19 en España ha sido «mucho más abrupto e intenso» que en otras recesiones, con un nivel de PIB a finales de 2020 un 9,1% por debajo del observado a finales de 2019.
Arce ha explicado que la crisis está golpeando más fuerte a los flujos con el exterior, en particular los turísticos y a la inversión en vivienda, al tiempo que la evolución del empleo ha sido «muy dispar», cifrando la tasa de paro en el 16,1% en el último trimestre de 2020, pero cerca del 20% en términos de empleo efectivo, siendo los más afectados los trabajadores temporales, jóvenes y aquellos con menor nivel de formación.
Aunque la afiliación efectiva a la Seguridad Social se recuperó rápido tras la desescalada, desde agosto «se han ralentizado las mejoras adicionales» debido a las nuevas restricciones, en paralelo a un aumento del déficit público superior al 10% del PIB en 2020 y de la deuda pública hasta el 117,1% del PIB.
En cuanto a las perspectivas, ha apuntado que dependen «crucialmente» de la solución a la crisis sanitaria y, a medio plazo, del daño estructural que pueda estar causando, por lo que ha citado varias medidas a su juicio necesarias para la nuevas etapa, tras la respuesta «amplia, contundente y coordinada» de las políticas económicas en las primeras fases de la crisis.
Así, ve necesario mantener, en el corto plazo, la orientación expansiva de las políticas económica, aunque considera que el diseño de las políticas habrá de adaptarse a la evolución de la propia crisis, de forma que se focalicen en mayor medida en los hogares, sectores y empresas más afectados. Eso sí, simultáneamente considera que no deben entorpecer las posibles necesidades de reasignación de recursos entre sectores y empresas.
Sobre los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), los ve como una herramienta «muy útil» para mantener el empleo ante shocks temporales, pero previsiblemente menos efectiva ante posibles efectos persistentes de la crisis.
Por ello, ha señalado que la ayuda a los trabajadores afectados ha de ser compatible con iniciativas de formación y ha añadido que, en tiempos de incertidumbre y cambio, cobran especial valor los mecanismos de flexibilidad que da el actual marco jurídico laboral.
Respecto al apoyo a empresas, cree que hay que abordar el desplazamiento de los problemas desde la liquidez hacia la solvencia, para lo que propone la introducción de instrumentos de reforzamiento de los fondos propios de las empresas; en ciertos casos, medidas de apoyo directo a empresas con dificultades financieras pero viables y la agilización y revisión de los procedimientos (judiciales y extrajudiciales) de insolvencias.
En el medio plazo, ha indicado que una vez superada la pandemia, los objetivos de política económica variarán, pasando del apoyo de rentas a la transformación estructural de la economía.
Para ello, ha hecho hincapié en la necesidad de reconducir el déficit y la deuda pública mediante el diseño de una estrategia plurianual de consolidación presupuestaria con medidas detalladas, que incorporen una «revisión profunda» de ingresos y gastos para reorientarlos al crecimiento y que sea «preanunciada cuanto antes para maximizar su credibilidad».
También ha abogado por el establecimiento de una agenda «ambiciosa» de reformas estructurales que aborde los principales aspectos de disfuncionalidad de la economía, tales como la corrección de la dualidad del mercado laboral (fijos y temporales) que homogeneice el grado de protección de los distintos grupos de trabajadores, la mejora del capital humano, con una revisión profunda del sistema educativo o la eliminación de los obstáculos al aumento del tamaño empresarial.
Por último, se ha referido al papel del fondo ‘Next Generation UE’ como una herramienta de transformación estructural que «puede ser crucial», ya que supone un volumen de fondos «muy elevado» pero ha remarcado que el aprovechamiento pleno de esta oportunidad «requiere superar importantes retos», y ha pedido que la utilización de los fondos sea para proyectos que aumenten la capacidad potencial de la economía.
