Barceló y Globalia han elevado su petición de ayuda al fondo de rescate del Gobierno en 80 millones de euros, que se añadirían a los 240 millones de euros solicitados inicialmente para fusionar sus negocios de agencias de viajes (Ávoris y Halcón Viajes, respectivamente), según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras de la negociación.
El fondo de 10.000 millones de euros para rescatar empresas estratégicas, gestionado por la Sociedad de Participaciones Industriales (SEPI), va sumando así peticiones de empresas turísticas que necesitan en este momento apoyo para solventar el bache económico derivado del Covid-19.
Entre las empresas turísticas que habrían solicitado hasta el momento ayudas al holding público estarían al menos, el Grupo Hotusa, la propietaria de Trasmediterránea (Naviera Armas), el grupo turístico Wamos (propietario de Pullmantur y Nautalia), Hotelatelier (propietario de los Petit Palace y los Icon) y el grupo Sehrs (distribución para hostelería).
El objetivo de este fondo, dotado con 10.000 millones de euros, sería aportar apoyo público temporal a empresas que sean consideradas estratégicas para el tejido productivo nacional o regional, «por su sensible impacto social y económico, su relevancia para la seguridad, la salud de las personas, las infraestructuras, las comunicaciones o su contribución al buen funcionamiento de los mercados, entre otros motivos».
El montante solicitado hace unas semanas por Globalia y Barceló era de 240 millones de euros, dividido en un préstamo participativo de 122,4 millones y otro ordinario de 117,6 millones. A esto se sumarían ahora otros 80 millones de euros, con lo que la ayuda total ascendería por tanto a unos 320 millones de euros en total.
La compañías turísticas confían en que SEPI dé ‘luz verde’ a la ayuda a finales de este mes o principios de marzo después de que se acuerden los posibles ajustes tanto de personal como de agencias o departamentos que sufririan duplicidades en el proceso de fusión.
Se trataría de la segunda ayuda económica pública que solicita la familia Hidalgo, propietaria del grupo turístico Globalia, tras haber obtenido una inyección de 475 millones de euros para salvar a su aerolínea Air Europa. Un operación «necesaria», según el Gobierno, debido al «carácter estratégico» de la compañía aérea española.
La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) considera que los requisitos para acceder a este fondo son «muy elevados e inalcanzables» para la mayoría de las empresas del sector, porque entre las condiciones se establece una petición mínima de 25 millones de euros.
Por ello, la patronal hotelera pide que o bien se revisen los criterios o que se cree otro instrumento para apoyar la solvencia de las pymes del sector.
La nueva agencia de viajes que nacerá de la fusión entre Ávoris y Halcón Viajes permitiría la creación de un gigante del sector en España, con 1.500 puntos de venta, una plantilla de 6.000 personas y una facturación superior a 3.700 millones de euros.
Globalia aporta sus agencias de viajes minoristas, Viajes Ecuador y Halcón Viajes; la red de agencias de viajes independientes asociadas, Geomoon; la mayorista Travelplan; el banco de camas Welcome Beds; la división de viajes corporativos Globalia Corporate Travel; la agencia de viajes y eventos Globalia Meetings & Events, y Globalia Autocares.
Por su parte, Barceló, a través de Avoris, incluye las agencias de viajes minoristas B the Travel Brand, B the Travel Brand & Catai; BCD Travel y BCD Meetings & Events y la aerolínea evelop!, entre otras marcas.
Las agencias de viajes pasan actualmente por un momento delicado al igual que todo el sector turístico debido a la pandemia y las restricciones de movilidad. El pasado viernes el presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes, Carlos Garrido, se reunió con la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, para trasladarle las reivindicaciones del sector y evitar miles de quiebras.
Entre ellas destacan la necesidad de ayudas directas, ampliación de los ERTE durante 2021 y eliminación de la cláusula de compromiso de mantenimiento del empleo o la reducción del IVA. Además, defiende la participación del sector en la toma de decisiones relativas a las medidas de restricción en las fronteras y en las concernientes a la promoción de España como destino seguro.
