La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) reclama ayudas directas para cubrir costes fijos parcialmente recuperables, como con créditos participativos o deuda tributaria de carácter contingente, y facilitar ajustes de plantilla en empresas, eliminando la prohibición de despido en los ERTE y reduciendo penalizaciones por el incumplimiento del mantenimiento del empleo.
Así se desprende del último boletín de seguimiento de la crisis del Covid, elaborado y publicado por Fedea, que estima que, frente a los 2,9 millones de contagiados de la estadística oficial, España cerró el año 2020 con 6,5 millones de personas contagiadas y con 6,8 millones de trabajadores en situación de paro, ERTE o desanimados.
Fedea avisa de que la recuperación del empleo en las ramas productivas más afectadas por la pandemia se ha estancado o incluso retrocedido a partir de agosto, al tiempo que las actividades menos afectadas por la crisis muestran, en su mayoría, una «preocupante tendencia» a estabilizarse en niveles inferiores a su empleo pre-pandemia.
Aunque ve «necesaria «la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por el alargamiento de la crisis, cree que esta medida «no es suficiente», incluso en combinación con mecanismos de apoyo a la liquidez, para garantizar la supervivencia de las empresas viables en los sectores más afectados, por lo que pide al Gobierno que «reconsidere su posición».
A su juicio, hay que permitir que aquellas empresas que lo necesiten puedan ajustar sus plantillas, por lo que cree que debería suprimirse la «prohibición» de despido por causas objetivas ligadas a la pandemia y habría que reducir las penalizaciones por el incumplimiento del compromiso de mantenimiento del empleo, de forma que estas sean «proporcionales a los despidos realizados», en vez de suponer la devolución de todas las ayudas recibidas mediante exoneraciones de cuotas sociales ante cualquier incumplimiento.
«La amenaza de tener que devolver todas las ayudas solo consigue retrasar los necesarios ajustes de plantilla en las empresas con ERTE y en algunos casos podría poner en peligro su supervivencia», avisa Fedea, que añade que la imposición de la misma penalización, «la más alta en toda Europa», en los nuevos ERTE puede producir efectos contraproducentes y llevar a las empresas a prescindir de parte de su personal incluso antes de solicitar el ERTE.
Según los cálculos de Fedea, si a los parados oficiales se le añaden los trabajadores desanimados, los subempleados y los cubiertos por ERTE, en el último trimestre de 2020 hubo 6,8 millones de personas en una situación de infrautilización, lo que supone un aumento de cerca de 1,5 millones con respecto al mismo trimestre del año anterior.
Para el conjunto de España, apunta que la economía tocó fondo en mayo, con una caída de 25 puntos, iniciándose seguidamente una
recuperación que comenzó a ralentizarse a partir de julio, tanto en el agregado como para la mayor parte de las comunidades, y se convierte en «estancamiento» de septiembre en adelante.
Asimismo, considera que el Gobierno debería establecer subvenciones directas para ayudar a cubrir sus costes fijos a los sectores más afectados por cierres o restricciones administrativas y a los que han sufrido pérdidas elevadas y persistentes de ingresos como resultado de la pandemia.
En este sentido, para reducir el coste para el contribuyente propone ofrecer ayudas al menos «parcialmente recuperables» a través de mecanismos híbridos de financiación con un componente de capital, como con los créditos participativos o la deuda tributaria de carácter contingente, instrumentos ambos que «permiten condicionar la recuperación de las ayudas a la vuelta a beneficios de las empresas afectadas y reducen los incentivos para solicitarlas de aquellos que no las necesitan, especialmente si su solicitud implica algún tipo de recargo».
Otra opción «interesante» para Fedea para reducir «pesos muertos», autorizada explícitamente en la última modificación del marco temporal de ayudas de estado, es la conversión de garantías públicas en ayudas no retornables o en alguno de los instrumentos híbridos citados.
Por otra parte, Fedea valora las medidas tomadas en el Real Decreto-ley 36/2020 para agilizar la gestión de las ayudas europeas mediante la supresión o reducción de algunos obstáculos burocráticos, la introducción de ciertos mecanismos de colaboración público-privada y la eliminación de ciertos obstáculos que pueden desincentivar la participación de los inversores privados en los proyectos del plan de recuperación.
Eso sí, en su opinión hay una omisión «muy relevante» de la norma respecto a la evaluación de estos proyectos, ya que si bien la evaluación se incluye entre los principios de buena gestión, en el resto del decreto «no se concreta en absoluto si se piensa evaluar los proyectos financiados con fondos europeos o cómo se llevaría a cabo tal evaluación».
De otro lado, Fedea aproxima en su último boletín la evolución de los contagios reales, corrigiendo las cifras oficiales de infecciones confirmadas en base al número de pruebas diagnósticas realizadas en cada momento, tras volver a llamar la atención sobre la «discutible calidad» de los datos sanitarios disponibles, con estadísticas con «anomalías y revisiones continuamente hacia atrás».
La corrección modifica sensiblemente el perfil de la serie de contagios y aumenta también muy significativamente la estimación del número acumulado de infectados, ya que lo eleva desde los 2,9 millones de la estadística oficial de contagios confirmados hasta casi 6,5 millones de contagios probables según sus cálculos.
Para Fedea, en España sería «vital» tener al 70% de la población vacunada antes del mes de julio, para intentar salvar la temporada
estival y minimizar los costes económicos, pero al no disponerse de vacunas para 33 millones de españoles, cree que «no estaría de más» que las autoridades postergaran la vacunación de los individuos ya inmunes por haber pasado la enfermedad, de manera que las vacunas existentes fueran para individuos no inmunizados.
