El Gobierno prevé unas inversiones totales de 6.668 millones de euros en las redes de transportes de electricidad en el periodo 2021-2026 para alcanzar los objetivos de mantener y mejorar la seguridad de suministro del sistema eléctrico español, integrar la nueva generación renovable, eliminar limitaciones estructurales de la red y dar cobertura a las necesidades de interconexión internacional y conexión de territorios no peninsulares.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha lanzado a consulta pública su propuesta de Planificación de la Red de Transporte de Electricidad para el próximo lustro.
Esta planificación, con carácter vinculante para el transportista -Red Eléctrica de España (REE)-, la realiza el Gobierno con la participación de las comunidades y ciudades autónomas y requiere informes de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y trámite de audiencia. Además, el documento se presentará en el Congreso de los Diputados antes de su aprobación por el Gobierno.
En concreto, de esos 6.668 millones de euros de inversión para el periodo, 1.064 millones de euros corresponderán a actuaciones para reforzar las interconexiones internacionales con Francia, Portugal, Andorra y Marruecos y 5.604 millones de euros a actuaciones de refuerzo de las redes de transporte que componen el sistema eléctrico nacional, tanto incluidas en la red de partida como nuevas propuestas.
De estos 5.604 millones de euros en actuaciones de refuerzo de las redes internas, que supone el volumen máximo de inversión como porcentaje del PIB establecido en la normativa, más de un tercio (unos 2.000 millones de euros) corresponde a la partida de integración de renovables y resolución de restricciones técnicas, para hacer frente a la adaptación de las redes de transporte para facilitar el proceso de descarbonización y la implantación masiva de la generación ‘verde’ en el sistema.
Además, se incluyen una serie de actuaciones para atender a las nuevas necesidades de demanda, que ascienden a casi 680 millones de euros, y otros más de 610 millones a la seguridad de suministro.
El gabinete dirigido por Teresa Ribera señaló que la red de transporte propuesta permitirá una integración de renovables del 67% en el sistema eléctrico peninsular, en línea con los objetivos establecidos por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).
Asimismo, los enlaces propuestos en el sistema eléctrico balear permitirán que el 81% de su suministro se atienda desde la Península, lo que conllevará una reducción sustancial de costes y emisiones asociadas al suministro del archipiélago.
Por lo que respecta a los sistemas eléctricos canarios, la red de transporte propuesta permite mejorar la seguridad de suministro y reducir los costes variables de generación, que disminuyen un 30% con respecto a 2019 gracias a la mayor integración de renovables.
La propuesta de desarrollo incluye 6.648 kilómetros de repotenciaciones, el cambio de conductor en 243 kilómetros de líneas existentes y la dotación de sistemas de monitorización dinámica de capacidad de transporte (DLR) en 692 kilómetros de líneas existentes.
Según el sumario ejecutivo del documento, la propuesta de nuevas líneas es mucho más reducida y asciende a 2.704 kilómetros nuevos ejes y 383 kilómetros de cables submarinos -sin contar las interconexiones con Francia y Marruecos-.
Asimismo, el 69% de la conexión de nueva generación renovable se realiza en instalaciones existentes o ya planificadas previamente, mientras que únicamente un 31% requieren nuevas actuaciones.
Además, a las infraestructuras propuestas para el periodo 2021-2026, que constituirían la planificación vinculante, se han identificado una serie de actuaciones que, aun siendo «necesarias y beneficiosas» dentro del horizonte de planificación a 2026, resulta inviable plantear en dicho horizonte por motivos constructivos o económicos, como pueden ser algunas de las segundas o terceras fases de los grandes ejes colectores de renovables, así como dos nuevas interconexiones con Francia por la zona central de los Pirineos.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico indicó que se espera que la Planificación pueda ser aprobada antes de que finalice este año. «Debido a su carácter estratégico y a su relevancia para el cumplimiento de los objetivos de descarbonización, se han reforzado los mecanismos de participación y transparencia», añadió.
Tras el análisis de las propuestas y solicitudes de las comunidades autónomas y de los distintos agentes, el operador del sistema (REE) realizó una propuesta inicial que fue remitida al Ministerio y enviada a la CNMC para su informe, en base al cual se han realizado las modificaciones pertinentes en el documento. Además, la planificación se somete a un proceso de Evaluación Ambiental Estratégica.
Por primera vez, el proceso de audiencia e información pública de elaboración de la planificación estará abierto a todos los ciudadanos, empresas y administraciones, hasta el próximo 21 de abril. A este trámite se somete tanto la planificación como el Estudio Ambiental Estratégico. Además, durante el periodo de audiencia, la CNMC volverá a valorar el documento.
