El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha recibido casi 650 propuestas de empresas, profesionales, ciudadanos, universidades y administraciones públicas para el desarrollo de una futura Ley de Movilidad.
Con estas propuestas, remitidas a través de 300 aportaciones realizadas mediante un formulario publicado en la página web del Ministerio entre el 22 de julio y 15 de noviembre del año pasado, Transportes ha realizado un informe para recoger sus conclusiones.
El informe resume en cinco grandes bloques temáticos las propuestas recibidas: aspectos económicos; aspectos tecnológicos; aspectos medioambientales; gobernanza, competitividad y productividad; y aspectos sociales.
En el ámbito económico, destacan las deducciones fiscales propuestas por las empresas, las deducciones en el tramo estatal del IRPF por la compra de bicicletas, una mayor colaboración público-privada, la implementación de peajes para acceder a las ciudades y la construcción de aparcamientos disuasorios o de infraestructuras de recarga.
Dentro de los aspectos tecnológicos se encuentran sugerencias como una mayor digitalización y modernización de los servicios, promover la conectividad, los medios de pago digitales, la integración de títulos de transporte o del vehículo privado compartido como una extensión de la red pública.
Respecto al bloque medioambiental, las propuestas van encaminadas a priorizar el transporte público y la movilidad activa, a promover el teletrabajo para reducir la movilidad laboral, el taxi compartido o el uso del ferrocarril para el transporte de mercancías.
En materia de gobernanza, las empresas piden homogeneizar la normativa entre los distintos territorios y que la nueva ley recoja el marco general para el acceso a núcleos con restricciones y fomente las flotas de cero emisiones para la distribución urbana de mercancías.
Por último, dentro de los aspectos sociales se demandan nuevas titulaciones para dotar al sector de personal especializado, campañas de sensibilización y formación, el reconocimiento de la accesibilidad universal en la movilidad, el transporte a demanda en entornos rurales y la mejora de la seguridad vial.
«La consulta pública ha permitido conocer de primera mano las preocupaciones y propuestas de gran parte de la ciudadanía y sectores productivos, además de recopilar e identificar aportaciones de gran interés sobre las políticas públicas que constituyen el objeto principal de la ley», asegura el Ministerio.
